¿Acusación constitucional?

El intendente de la RM, Felipe Guevara. Fotos: Mauricio Méndez /AGENCIAUNO.

El intendente de la RM, Felipe Guevara. Fotos: Mauricio Méndez /AGENCIAUNO.


SEÑOR DIRECTOR

Y partimos el 2020 con una acusación constitucional, esta vez en contra del intendente Felipe Guevara. Nuevamente un sector político busca remover de su cargo a una autoridad nombrada por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza. Señalo esto último, porque es relevante recordar que seguimos teniendo un sistema presidencial en el cual ministros, intendentes (mientras no se realice la primera elección de gobernadores regionales) y otras autoridades requieren la confianza del Presidente y no del Parlamento. Así, la facultad que tiene el Congreso para destituir a estas autoridades es excepcionalísima, y he ahí la necesaria fundamentación jurídica que deben tener las causales que se invocan.

Es preocupante que en las últimas acusaciones constitucionales presentadas en contra de autoridades −incluido el libelo en contra del intendente− se sostengan en base a críticas a declaraciones prensa o a la (in)eficiencia de determinadas medidas adoptadas por las autoridades en el ejercicio de su cargo. ¿Se pueden hacer estas críticas? Por supuesto que sí, y para eso están las herramientas de fiscalización política. ¿Es la acusación constitucional la herramienta para realizar estas críticas? Sin duda que la respuesta es no.

La acusación constitucional no es un mecanismo para expresar diferencias políticas con un gobierno, y mucho menos para impugnar decisiones o contrarrestar declaraciones de prensa que pudo haber dado una autoridad. Es, por el contrario, la última y más excepcional herramienta que puede utilizar el Congreso respecto de las más altas autoridades y que puede terminar no solo en su destitución, sino que también en la prohibición de ejercer cualquier cargo público por cinco años.

Constanza Hube

Profesora Derecho Constitucional UC

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