La acusación temeraria

La acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, en el caso de tener mayoría en la Cámara de Diputados, será la primera vez que dicho cuerpo se pronuncie sobre una sentencia en particular. No es en modo alguno comparable a la de los años 90 contra Hernán Cereceda, que simbolizaba no solo el arquetipo de un juez venal como llamó Jaime Campos, sino una justicia atrapada por las sombras de la dictadura, como lo narró Alejandra Matus en El libro negro de la justicia chilena. Hay muchos interesados en replicar la polarización de esos días, aunque recuerden las palabras del viejo Marx sobre cómo se repite la historia.

En privado, muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría reconocen que un voto político así implicaría una pérdida de la independencia del Poder Judicial, pero no se atreven a levantar su voz. Pesa más el temor al Frente Amplio, que ha elegido, desde una bancada minoritaria, una vieja estrategia inventada en plena Revolución Francesa por el ala más radical de los jacobinos; arrastrar a la marea de indecisos con el factor moral. En este caso es fácil hacerlo, pues los reos de Punta Peuco no han mostrado en ningún momento arrepentimiento por sus crímenes, y varios desde el lecho de muerte no han renunciado a burlarse de sus víctimas. Así parece moralmente aceptable castigar a cualquier juez que le otorgue beneficios carcelarios.

Como han hecho ver varios abogados de derechos humanos, esta corte ha hecho mucho más que el Congreso en materia de condena a los crímenes de lesa humanidad. Basta recordar la serie de improperios que ha recibido por condenar a largas penas a agentes de los aparatos de seguridad de la dictadura por la desaparición forzosa de personas, o los esfuerzos por desarmar la cúpula completa de la CNI. Pero, para los maximalistas que han tomado la batuta de la oposición, nada es suficiente.

El Frente Amplio necesita una victoria de proporciones que haga retumbar al sistema. Eso le permitiría también calmar sus aguas internas, revueltas por la discusión que les instaló Gabriel Boric sobre dictaduras de izquierda en el mundo. Por ello, hizo la apuesta grande de ir sobre los ministros, en el caso de que no se lograra avances en la acusación contra el fiscal nacional. Dentro de la Nueva Mayoría, que no se sacude todavía de los estertores de una mala candidatura que es casi derrotada por una novel Beatriz Sánchez, el estado de fascinación hipnótica por los nuevos actores políticos no les hace pensar en los efectos de tal acción temeraria. Nadie ha reparado que el día de mañana puede cambiar la veleta y un Congreso con mayoría conservadora podría acusar a la Corte Suprema por no tener en cuenta la Ley de Amnistía de la dictadura.

Para el gobierno, si esta acusación logra ser aprobada, es un elemento de prueba para su tesis de la oposición sectaria. Haría sentido el discurso respecto de que la responsabilidad está en La Moneda y la intransigencia en quienes fueron derrotados en las urnas. Sabe muy bien que la mayoría aplaude a los políticos propositivos y castiga a los duros que se niegan a conversar. Con ello podrían pasarle el costo de los yerros legislativos, como el veto al salario mínimo o la baja en las encuestas, a la vereda del frente. Quizá por ello no se ha visto tanta pasión defendiendo la institucionalidad, y algún que otro parlamentario oficialista debe estar pensando en lo tentador de salirse de la sala cuando se vote y con ello ayudar a la radicalización del clima político.