La asistencia como prioridad

Por Ana María Peñafiel, investigadora senior de Acción Educar

Ha pasado más de un año y medio desde el inicio de la pandemia en nuestro país y si bien prácticamente todas las industrias y ocupaciones han sabido adaptarse de manera de ir retomando lentamente la “normalidad”, con todas las restricciones y protocolos que ello conlleva, en el mundo escolar -lamentablemente- se ha vivido otro panorama.

Desde que se comenzó a trabajar en el retorno a clases, el camino no ha sido fácil. Mientras que mes a mes se conocía evidencia respecto del daño que provocaba en los estudiantes, tanto a nivel de aprendizajes como en lo socioemocional, el mantener las puertas de los establecimientos cerradas, y, en consecuencia, se confirmaba que la educación a distancia no lograba reemplazar a la presencial; no todos creían en que la prioridad debía ser abrir. Ejemplo de ello fue la bandera que llevó el Colegio de Profesores de obstaculizar todo el proceso, motivando incluso a impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Educación.

A pesar de lo anterior, los esfuerzos desde el Ministerio de Educación se enfocaron en poner como objetivo las clases presenciales. Para ello se conformó un Consejo Asesor, las escuelas y jardines debieron establecer protocolos, se permitió su apertura en cuarentena y se priorizó la vacunación de los docentes y asistentes de la educación -siendo ejemplo a nivel mundial-, entre otras medidas. Este trabajo estuvo respaldado tanto por organismos internacionales como nacionales, tales como la Unicef, la Unesco, el Colegio de Pediatría y la Defensoría de la Niñez, entre otros.

¿Cuál es el panorama actual? De acuerdo a las últimas cifras otorgadas por el Mineduc, un 94% de los colegios y un 91% de los jardines infantiles se encuentran con actividades dentro del aula. Aunque el estado de emergencia se acabó y la mayoría de las comunas están en Fase 4, aún existen cerca de 1.100 establecimientos -en su mayoría municipales y en menor proporción dependientes de un servicio local de educación- que se encuentran cerrados, haciendo caso omiso a la normativa establecida por la Superintendencia de Educación, la cual obliga a todos a tener sus puertas abiertas. Además, más del 90% de los profesores y asistentes de la educación desde mayo ya cuentan con el esquema completo de vacunación y hoy dos tercios de los niños entre 6 y 17 años ha sido inoculado con al menos una dosis.

¿Dónde debería estar el foco ahora? A estas alturas no basta con tener los colegios y jardines abiertos. Las energías tienen que centrarse en que efectivamente los estudiantes asistan a clases. La única manera de que no se profundicen los daños que han vivido los niños y adolescentes, tanto en sus aprendizajes, salud mental e incluso en nutrición; es asegurando -aunque suene redundante- que todos vuelvan a las aulas de forma presencial.

Sin embargo, esta tarea -una vez más- requiere de una colaboración conjunta de todos los actores que conforman el sistema educativo. No basta con que el Mineduc impulse la obligatoriedad si los apoderados no confían en los protocolos sanitarios o bien no comprenden la relevancia de la sala de clases, como el verdadero motor para generar cambios a futuro. Así como tampoco sirve que los padres se movilicen para exigir la apertura de los establecimientos, si los sostenedores a cargo de hacerlo se dejan influenciar por rencillas políticas y convierten esta causa en una lucha ideológica.

Es hora de dejar las pequeñeces de lado y de centrarse en quienes han sido los más perjudicados por esta pandemia, de manera de buscar soluciones que permitan que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país puedan verdaderamente ejercer su derecho a la educación.