La cuestión mapuche y la violencia



Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

En la última semana ha recrudecido la violencia en La Araucanía y zonas aledañas, sumiendo a la población local en un grave problema de orden público. Este ambiente de mayor tensión ha coincidido con movilizaciones por la huelga de hambre que Celestino Córdova, condenado a 18 años de prisión por el incendio y muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, y otros 27 comuneros mapuche, mantienen desde hace más de un mes. Estas acciones incluyen la toma de edificios municipales, algunos de los cuales han sido desocupados por grupos de la sociedad civil organizados. También atentados e interrupción del tránsito en la Ruta 5.

Resolver la violencia en la zona no es fácil, por algo no se ha hecho en 30 años de democracia. Las soluciones simplistas no lo lograrán y para avanzar al objetivo de la paz debe reconocerse la naturaleza de los problemas que se viven.

Hay al menos dos cuestiones que conviven: primero, una acción violentista constante que subvierte el orden público, de grupos organizados, no muy numerosos, pero sí coordinados, que desafían al Estado de Chile. Tras ellos, que actúan principalmente en la provincia de Arauco, hay una reivindicación mapuche de carácter ideológico que pretende establecer un territorio y una nación mapuche independiente del Estado de Chile. Cuentan con apoyo externo, financiamiento a partir del robo de madera y tráfico de drogas, y han sido protagonistas de los últimos hechos violentos. Son apoyados por grupos anarquistas y de extrema izquierda, y pretenden escalar un peldaño en su guerra contra el Estado de Chile al dar más visibilidad nacional e internacional a su causa con la huelga de hambre y atentados en lugares que no están ubicados en el corazón de los territorios que reivindican, sino en localidades que frecuentan todos los chilenos.

La segunda cuestión es una serie de reivindicaciones de comunidades mapuche de la zona que incluyen la entrega de tierras, pero no un territorio independiente. Comprenden una demanda de reconocimiento a su cultura, representación política, apoyo a zonas que están entre las más pobres del país e incluso la mantención del orden público ante acciones de grupos violentos.

Ante esto, el gobierno debe actuar en ambos frentes: la mantención del orden público y la reivindicación de las condiciones de vida del pueblo mapuche. Pero tampoco puede confundirlos. Renunciar a la tarea de imponer la paz perjudica más que a nadie a población mapuche, que incluso ha sido víctima de asesinato por parte de grupos violentistas que actúan en la zona y los ven como una amenaza para sus objetivos de desafiar al Estado de Chile.

Pero también debe dialogar, en todos los temas de interés para la zona, con grupos mapuche y otros de la sociedad civil, respetando sus plazos, sus formas de conversar y resolver diferencias.

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