La deuda que deja el fin del CAE

SEÑOR DIRECTOR

Valoramos la propuesta realizada por el gobierno para sustituir el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario. Se sanciona, así, un tema presente en los tres últimos gobiernos, ampliamente discutido por diversos sectores, por lo que esperamos que se logren los acuerdos y el proyecto tenga una rápida tramitación en el Congreso. Ya es tiempo de plasmar en definiciones legales la unánime necesidad de evitar las condiciones abusivas impuestas por la banca al administrar estos créditos. Valoramos también que se establezcan mejores condiciones para los estudiantes, al tener una baja tasa de interés y requisitos de pago relacionados con el ingreso mensual.

Con el propósito de resguardar la calidad de la educación superior, es crucial, sin embargo, cautelar que los recursos públicos vayan a instituciones que aseguren una formación de calidad. La discusión sobre gratuidad ya avanzó en esta materia y no se debe retroceder. Vemos con preocupación que no se hayan detallado los niveles mínimos de acreditación que deben tener las instituciones para optar al beneficio, que al menos debieran ser los mismos exigidos para la gratuidad.

Por otro lado, se debe tener en consideración que la iniciativa solo se hace cargo de cómo financiamos acceso, sin considerar los mecanismos necesarios para financiar los niveles de calidad que exigimos a las instituciones de educación superior. Es urgente mirar el sistema de financiamiento de manera integral, no solo desde la perspectiva de los aranceles. La investigación y desarrollo, la docencia y la extensión en este nivel requieren de un sistema de financiamiento público adecuado, que no dependa en su totalidad de la matrícula.

El CAE cayó por su propio peso, pero su fin deja abierta la discusión más de fondo respecto a un financiamiento sustentable para la calidad de la educación superior en el país.

Alejandra Arratia

Directora Ejecutiva de Educación 2020