La educación en el estallido social

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En estas coyunturas de tensión social, siempre aparece la educación como una causal de demandas, recursos y metas no cumplidas. Ahora se le atribuye la responsabilidad por la violencia inusitada ejercida por grupos minoritarios. Las explicaciones a esta violencia encontrarían su origen en la falta de educación cívica o en la formación valórica de los jóvenes. Con esta afirmación, se le está asignando a la educación responsabilidades que sobrepasan las competencias reales que tiene, imponiéndole metas desmedidas para las condiciones en que opera y fuera del ámbito de su desempeño. A la educación se le han atribuido poderes que no tiene y a las escuelas sin recursos y desvalidas se le han encomendado tareas imposibles para las cuales no están preparadas y que corresponden más bien a otras instituciones. No es justo atribuirle a la escuela el vandalismo descontrolado y la violencia desatada. Las verdaderas explicaciones están en necesidades básicas incumplidas, exclusiones prescritas legalmente, corrupciones con sanciones muy cuestionadas, abusos intolerantes, discriminaciones acumuladas por muchos años, con complicidad de la elite política gobernante.

Para el mundo de la educación, este nuevo pacto social que se materializará en una nueva Constitución, no debiera significar una demolición del pasado. Su fortaleza debe radicar en este respaldo que da la experiencia, capaz de tomar lo mejor para preservarlo y eliminar lo que no dio resultado. En este contexto, hay dos principios que debiera preservar: el de la libertad de enseñanza, porque ha dinamizado el sistema al crear una diversidad de proyectos educativos, lo que permite que los padres puedan escoger el que desean para sus hijas e hijos. El otro, es el de la subsidiariedad del Estado en su relación con la sociedad, entendida en su sentido positivo como la ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas. Una nueva Constitución debe considerar que una de las características fundamentales de la educación en Chile es la diversidad de provisiones. La educación particular en nuestro país es anterior a la formación del Estado. No existe superioridad de una forma de provisión sobre otra que dé lugar al otorgamiento de privilegios, sino más bien hay prejuicios fundados en ideologías discriminadoras. Lo más importante y urgente es la calidad del servicio educativo y no su carácter de pública o particular.

Es un atentado a la pluralidad de la provisión de la educación, si es que se aprobara un financiamiento estatal diferenciado entre escuelas públicas y particulares subvencionadas y una discriminación incomprensible para el 40% de los niños vulnerables del país que estudian en colegios particulares. Los compromisos internacionales firmados por el Estado de Chile, estipulan el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, y no sería una alternativa tener que elegir una escuela pública sólo porque tiene mayores recursos y ofertas educativas.

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