La fe pública en nuestros procesos democráticos



Por Carlos Swett, presidente Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile

Desde octubre de 2020 y hasta el primer semestre de 2022, Chile está viviendo un súper ciclo electoral, con miles de personas movilizadas para garantizar elecciones libres, democráticas y transparentes en procesos inéditos en la historia del país. Más allá de los datos de participación, que cambian en cada acto electoral específico, lo cierto es que el país está decidiendo, por el voto de sus ciudadanos y ciudadanas, nuestra futura convivencia como comunidad.

Solo como recordatorio: ya realizamos el plebiscito constitucional de octubre de 2020, las primarias legales de gobernadores y alcaldes en noviembre de 2020 y las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales en la inédita doble jornada del 15 y 16 de mayo pasado. Y en el futuro próximo, quedan la segunda vuelta de gobernadores regionales de junio; las primarias legales de julio; las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de noviembre; la eventual segunda vuelta presidencial en diciembre de este año y un plebiscito de salida de la nueva Constitución en el primer semestre de 2022.

No es un desafío menor. Como señala el politólogo Arend Lijphart (1996), el acto de votar es clave en las democracias, ya que iguala la participación entre todos los ciudadanos, ricos y pobres, y permite influir en la política y en la toma de decisiones, al poder escoger quiénes serán los encargados de impulsar y articular las políticas públicas.

En el caso de Chile, estamos hablando de al menos ocho actos electorales masivos en poco más de un año, que han requerido y requerirán del despliegue y compromiso de todo el país para garantizar la legitimidad de todos estos procesos. Por cierto, hay que destacar la actuación de los miles de vocales designados, los funcionarios del Servel, el personal de las Fuerzas Armadas y de las municipalidades. En este aspecto, es necesario mencionar la participación muy trascendente que le corresponde a las juntas electorales, integradas por notarios y conservadores; a los delegados en los locales de votación, a los secretarios de los colegios escrutadores, designación que recae preferentemente en notarios, receptores y otros funcionarios auxiliares de la administración de justicia, actuando todos ellos como garantes de la fe pública y del proceso electoral, los que nunca han sido impugnados y cuya transparencia, eficiencia y prontitud en sus resultados ha sido ampliamente reconocida.

En el caso de notarios y conservadores, constituye una tarea gratuita mandatada por ley que realizamos con gran satisfacción, conscientes de nuestro papel en el fortalecimiento de la democracia. Además de la fe pública y seguridad jurídica que se otorga, nuestra participación importa un ahorro para el Estado de más de 600 millones de pesos en cada acto electoral.

Por otra parte, también abogamos porque la experiencia y compromiso que tenemos en esta labor sea considerada por las autoridades a cargo de los actos electorales, ya que ellas siempre estarán orientadas a seguir mejorando y fortaleciendo los procesos electorales. En este sentido, agradecemos la carta recibida por el presidente del consejo directivo del Servel, en que la autoridad reconoce el rol de notarios y conservadores en este proceso.

De hecho, para la segunda vuelta de gobernadores regionales de junio próximo, no obstante que no competirán todas las fuerzas políticas y presenta realidades muy distintas a la mega elección recientemente efectuada, se mantendrá, en aquellas regiones que realizarán estas elecciones y al no haberse efectuado fusión de mesas, el mismo número de vocales y de locales de votación. Por la convocatoria esperada para esta elección, nos asiste la preocupación respecto de dificultades que podrían surgir para lograr la instalación del total de las mesas receptoras de sufragio. Entonces, es necesario hacer una campaña incentivando a las personas para que voluntariamente se presenten para ser vocales, en sus respectivos locales de votación.

Hasta que los chilenos y chilenas definan en un plebiscito de salida la nueva Carta Magna del país, tendremos al menos cinco actos electorales de carácter nacional. Como parte y actores fundamentales de este proceso, esperamos que las instituciones a cargo atiendan las recomendaciones de quienes hemos estado al frente del acto electoral de manera de que Chile siga siendo ejemplo de elecciones transparentes y democráticas.

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