Alex Martínez González

Alex Martínez González

Profesor de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello

Opinión

La hegemonía de las condenas por robo

Control de detención por robo con violación en el Parque de Los Reyes, en Santiago Centro.

La Subsecretaría de Justicia entregó cifras al Congreso que despertaron la atención de diversos sectores: cerca del 42% de las condenas que se están cumpliendo en privación de libertad efectiva, son por delitos de robo, en alguna de sus variables, a saber, con violencia o intimidación, con fuerza en las cosas, y sus respectivas figuras especiales, que incluyen las formas de hurto.

Dos elementos importantes nacen de estas cifras: en primer lugar, los tipos penales que incluyen formas de robo o hurto son diversas en el Código Penal, por lo que es “normal” que sea mayor el número de sentencias relativas a estos delitos que, por ejemplo, a tipos de homicidio, lesiones, delitos económicos, etc.

En segundo lugar, la relevancia la da que casi la mitad de la población penal corresponde a autores o partícipes de este tipo de delitos, lo que es consecuencia de la llamada ley “de agenda corta”, que impulsó el aumento de penas para los delitos hurto y robo e impuso reglas especiales de determinación de pena. La intención clara del legislador al impulsar esta reforma era precisamente que aumentaran las condenas por esta clase de delitos, a los que atribuían una “alta connotación social”. Esto es algo sumamente discutible, ya que, por ejemplo, con estafas hay montos de defraudación más altos y un mayor número de víctimas, pero no se califican como delitos de alta connotación social al tenor de la reforma.

Muy discutibles pueden ser las razones para entender cuáles son los comportamientos socialmente más lesivos, pero la realidad nos deja sólo una conclusión, la que no es otra que reflejar la mala práctica legislativa nacional, sin criterios de política criminal claros, legislando a partir de hechos que han tenido una alta difusión, principalmente en los medios de comunicación, y que, en diversas ocasiones, van mostrando daños colaterales no previstos al momento de legisla. Por ejemplo, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se decretó en la Ley Emilia, a propósito de la privación de libertad imperativa, independiente de que se cumplan con requisitos para acceder a beneficios o penas sustitutivas.

Lo que debe cambiar es la forma de pensar qué ley necesitamos como país con directrices claras, no creando leyes por motivaciones puntuales que nos entregarán números que posteriormente nos sorprendan. En estricto rigor, todos pudimos prever las cifras que nos entregó la Subsecretaría de Justicia, ya que sólo es consecuencia de la motivación legal de las reformas en materia criminal.

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