La ironía de octubre

Hace exactamente un año, el inicio del estallido social remeció los cimientos del país construido en las últimas décadas; una ola de malestar y rabia acumulada emergió a la superficie, abriendo un abismo de interrogantes e interpretaciones diversas. La discusión sobre sus orígenes, responsables y vías de solución ha sido y seguirá siendo parte de la controversia política en los próximos años, pero hay algo que según todos los estudios de opinión resulta innegable: para la inmensa mayoría de la gente ese malestar y esa rabia expresaban también el anhelo de una vida mejor.

A un año de esa esperanza, la vida de los chilenos no solo no ha mejorado sino que está mucho peor. A los impactos generados por el propio estallido social, se agregaron desde marzo las secuelas de la pandemia. En pocos meses, se han destruido cientos de empresas, la desocupación se elevó sobre el 20% y los ingresos familiares cayeron de manera importante. Para enfrentar la crisis, el país decidió entre otras cosas recurrir al 10% de los ahorros previsionales, afectando las futuras pensiones; y no se descarta hacerlo una segunda vez, lo que dejaría a un 40% de la población sin recursos para la vejez.

En paralelo, la deuda pública y el déficit fiscal se han disparado, generando un inédito deterioro en la clasificación de riesgo soberano. En una palabra, el Estado también es hoy más pobre, a lo que se agrega que Chile tendrá una dificultad anexa para iniciar el camino de su recuperación: el deterioro institucional y político de los últimos años. Un deterioro agravado desde el estallido social con una espiral de violencia que no termina, con una aguda polarización de las elites, crisis de confianza y la incertidumbre asociada a un proceso constituyente que, inevitablemente, demorará un tiempo no breve en llegar a puerto.

Pero el problema mayor no es la suma de dificultades, sino la inexistencia de una voluntad común para abordarlos. Ejemplos de ello: el gobierno no ha querido asumir en serio la grave crisis institucional que enfrenta Carabineros, las implicancias que ha tenido la brutal secuela de abusos y violaciones a los derechos humanos del último año. La oposición, por su parte, no ha mostrado el más mínimo interés en contribuir a que el orden público pueda ser restablecido, un factor clave para empezar a revertir las consecuencias de la crisis política y económica que el país está enfrentando.

En síntesis, si la apuesta del estallido social que hoy se conmemora fue que las cosas podían y debían mejorar, esa posibilidad está ahora mucho más lejos que hace un año. Es una dolorosa ironía pero solo retornar a los niveles de ingreso y empleo que había el 18 de octubre pasado va a requerir enormes y prolongados esfuerzos, un espíritu de colaboración y una voluntad de acuerdos que, hasta hoy, no han logrado abrirse camino.