La irresponsable amenaza de una acusación constitucional

La pretensión de acusar al Presidente de la República sin causa justificada no solo supone un uso abusivo de esta facultad, sino que polariza aún más el clima político y desvía las energías justo en el peor momento de la pandemia.



En un hecho que difícilmente encuentra precedente en nuestra historia republicana, tras una fallida acusación constitucional -que no prosperó por falta de quórum-, nuevamente en la actual administración las fuerzas opositoras evalúan presentar una acción de este tipo en contra del Presidente de la República. Esta amenaza llega justo cuando el país atraviesa por el momento más delicado de la pandemia, y el ambiente de crispación política ha escalado hasta niveles altamente preocupantes, poniendo en riesgo la estabilidad institucional.

El detonante de la acusación ha sido la decisión del Mandatario de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el tercer retiro de fondos de pensiones, reforma que ayer fue despachada por el Congreso, y que contó con un amplio apoyo dentro del propio oficialismo. Sintomático del estado de desvarío que se ha apoderado de parte de la clase política es que los jefes de bancada del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana rechazaron concurrir con sus votos a una acción de este tipo, pero apenas se supo que el Presidente de la República había ingresado el requerimiento ante el TC, se produjo un inexplicable giro y ahora ambas colectividades han encargado a sus parlamentarios analizar los méritos de la acusación.

Esta acción es un total despropósito, y sus impulsores deberían ser capaces de darse cuenta de que con acciones tan irresponsables como ésta lo único que podría sacarse en limpio es polarizar aún más al país y degradar la institucionalidad, al manipular las causales que la Constitución establece para acusar a un Jefe de Estado y por tanto destituirlo del cargo. Puesto que no tiene sentido un libelo por el solo hecho de que se haya ejercido una facultad contemplada en la Carta Fundamental, entonces artificialmente se ha levantado la “causal” de que el Mandatario ha comprometido gravemente la seguridad de la nación, al bloquear este tercer retiro -por tanto, negarse caprichosamente a una sentida aspiración de la ciudadanía- y no ser capaz de proveer ayudas en suficiente cantidad para la mayoría de la población, creando así un riesgo sanitario y alimentando la posibilidad de un nuevo estallido social.

A la luz de la abrumadora votación que obtuvo el tercer retiro en el Congreso, y cuando varios de los propios parlamentarios de Chile Vamos le han solicitado al Presidente retirar el recurso ante el TC, es un hecho que el gobierno enfrenta una derrota política de proporciones y sus estrategias para ir en ayuda a la población no han sido del todo efectivas. Pero pretender que a partir de esos elementos se configuran causales jurídicas que fundamentan una destitución carece de todo sentido. Si bien las acusaciones constitucionales han pasado a ser un arma que la oposición ha utilizado en este período de una manera completamente abusiva, no puede llegarse al punto en que no se midan las consecuencias de pretender la salida de un Presidente sin causa para ello, o crear las condiciones para una ingobernabilidad.

Al margen de las consideraciones anteriores, las fuerzas que impulsan esta acusación deben calibrar los dañinos efectos que todo esto genera para el país en su conjunto. No resulta entendible que ante los mayúsculos desafíos que seguirá imponiendo el combate a la pandemia, las energías se dispersen en acciones sin sentido alguno. Como nunca los caminos de acuerdo constituyen ahora un imperativo, no solo ante la necesidad de diseñar medidas que permitan al país superar los efectos de la pandemia, sino porque de cara al proceso constituyente que se avecina, un ambiente con este nivel de polarización puede empañar el trabajo de una instancia que se ha considerado fundamental.

Los políticos deben tener mayor conciencia para advertir que de insistir en una acusación constitucional injustificable solo enardecerán más el ambiente, los reales problemas del país seguirán postergados y brindarán el lamentable espectáculo de una contienda que solo interesa a ellos, profundizando la desafección con las instituciones y desde luego con los partidos. Nadie gana con esto, pero en cambio es mucho lo que se pierde.

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