SEÑOR DIRECTOR
En el contexto de una crisis política profunda, el Congreso Nacional ha decidido volver a discutir la idea del voto obligatorio. Más allá de apoyar la idea, quiero detenerme en algo que parece haberse “colado” en la discusión legislativa y que urge transparentar, especialmente si los partidos políticos quieren renovar sus votos con la ciudadanía: la ley de partidos políticos y sus reglas de financiamiento.
Parece clave avanzar en reformas que permitan mejorar significativamente la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, el volver al voto obligatorio tiene una conveniente externalidad positiva para los partidos políticos: les aseguraría el tope máximo de aporte público, otorgándoles otros tres mil millones de pesos anuales desde el Servel.
A la fecha, el financiamiento público de partidos políticos se encuentra asociado a la cantidad de votos que obtengan sus candidaturas a diputado. En función de los resultados electorales del 2017, el Servel dispone de un presupuesto anual sobre los seis mil millones de pesos para los partidos políticos. Este se distribuye en aportes trimestrales, equivalente a 0,04 UF por cada voto obtenido en la última elección de diputados, y que no pueden superar el monto en pesos que resulte de multiplicar este valor por el 60 por ciento del total del padrón.
Este tema puede resolverse de distintas formas: asociar el aporte público a congresistas electos, discutir su correlación con afiliados a partido o votos en elecciones municipales, o incluso entregar a la Convención Constituyente la decisión sobre un tema que a todas luces es de su competencia, aunque esta última opción puede tomar más tiempo que el deseado.
Más allá de la solución a adoptar, modificar las reglas electorales y de paso asegurarse el aporte máximo que permite la ley para su financiamiento, no se ve bien. Menos hoy.
Alex Olivares
Abogado, investigador en Confluir
Magíster en Políticas Públicas de Oxford
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