Ángela Moreno Bobadilla

Ángela Moreno Bobadilla

Directora del Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile.

Opinión

La necesidad de una agencia de protección de datos personales


Ir a la farmacia y dar nuestro RUT. Ir al supermercado y dar nuestro RUT. Ir a la tienda de ropa y dar nuestro RUT. Este hecho que tanta cotidianeidad tiene en la vida de todos los chilenos, es un acto que puede comportar una vulneración del derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos personales. A la mayoría de las personas no les sorprende el hecho de tener que dar, para casi cualquier acción que están realizando, su número de identificación personal. No obstante, esto es una de las tantas cuestiones que la futura Agencia de Protección de Datos Personales de Chile, que esperamos pueda ver la luz a finales de 2018 o antes de mediados de 2019, tendrá que resolver con una gran celeridad.

Y es que, la protección a los datos personales ha adquirido tanta importancia en el mundo en el que nos desenvolvemos que incluso ha recibido un reconocimiento expreso en el texto constitucional, pasando a ser uno de los derechos protegidos en el inciso 4 del artículo 19 de la CPR.

Pero Chile todavía tiene un largo camino que recorrer en esta cuestión, al carecer tanto de una legislación moderna y adaptada las necesidades actuales, así como de un organismo que se encargue de velar por el cumplimiento de unos estándares mínimos en la materia. Varios han sido los proyectos de ley que han intentado modernizar la confusa y obsoleta Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, pero parece ser que finalmente el texto que ingresó el 15 de marzo del pasado año (Boletín Nº 11114-07) será el encargado de equiparar a nuestro país con los estándares europeos que se están marcando desde la entrada en vigor, hace apenas dos semanas, del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.

Uno de los grandes desafíos que hay que afrontar es la creación del organismo que se encargue del cumplimiento de esta ley, que esperamos sea un organismo autónomo y que ponga especial atención al entorno de internet, para tratar de evitar noticias tan escandalosas como la que conocíamos hace no mucho tiempo relativa a la venta de datos personales de 50 millones de usuarios de la red social Facebook, a la ya desaparecida consultora británica Cambridge Analytica. Miles de usuarios de la red social más utilizada del mundo, se descargaron una aplicación, llamada “this is your digital life”, y respondieron a una simple encuesta que supuestamente estaba dirigida a fines académicos. Los datos de todos estos usuarios, así como los de todos sus contactos, fueron recolectados con objeto de poder influir en sus decisiones políticas en la campaña de Donald Trump. Solamente la respondieron 270.000 personas, pero se recolectaron los datos de 50 millones. Un caso que manifiesta de forma ferviente la necesidad de aumentar la seguridad jurídica de los miles de millones de personas que diariamente usan internet.

Este caso, así como muchos otros necesitan de un organismo y de una legislación que proteja  nuestros datos personales, ya que estos son nuestros, forman parte de nosotros y no siempre debemos vernos en la obligación de compartirlos.

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