La opción por los servicios comunitarios

Es razonable evaluar la pertinencia de que frente a determinadas infracciones se establezca como sanción los servicios a la comunidad, como forma de contribuir a tomar conciencia del daño causado a la sociedad.




Atendido el alto número de personas que han sido detenidas por organizar o participar de las llamadas “fiestas clandestinas” -infringiendo normas que lo prohíben en la emergencia sanitaria-, el ministro del Interior planteó que “hay que empezar a pensar en otras medidas para personas que sienten cierto desprecio por su salud, pero lo más grave, por la salud de los demás”, sugiriendo que junto a la multa los condenados puedan hacer trabajos voluntarios, concurriendo a lugares donde se atienda enfermos, a fin de que sientan “más conciencia con la enfermedad”.

El planteamiento generó adhesiones, pero también críticas, en particular por el riesgo que supondría exponerse a la posibilidad de contagios. La aclaración ministerial de que en ningún caso se busca exponer a los infractores a situaciones de riesgo contribuyó a quitar intensidad al debate, y permite centrarse en una cuestión más de fondo, cual es que una forma de compensar a la sociedad frente a determinadas infracciones sea retribuyendo por medio de servicios en favor de la propia comunidad afectada.

Es un hecho que urge crear más conciencia en la población sobre los riesgos de esta pandemia, especialmente entre los más jóvenes, que por el hecho de no formar parte de los grupos de mayor riesgo parecen no tomar el peso de lo que está en juego, y una forma que podría contribuir a ese propósito es tomar un contacto más directo con la realidad de quienes padecen la enfermedad o han quedado con graves secuelas, lo que hace plausible el planteamiento que ha sugerido el titular de Interior.

Nuestra legislación ya contempla la prestación de servicios a la comunidad como pena sustitutiva a aquellas privativas de libertad, o en la medida que el sentenciado carezca de fondos para pagar una multa, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos que exige la ley, entre ellos, que el condenado acepte voluntariamente la realización de dichos servicios. La mayor dificultad en el caso presente parece estribar en que no existen protocolos adecuados para realizar servicios a la comunidad que guarden relación directa con la pandemia, por lo que antes de avanzar en esa dirección debería procurarse un diseño adecuado en coordinación con Gendarmería.

Si se trata de desincentivar conductas irresponsables que ponen en riesgo la salud de todos, el debate no solo debería estar centrado en quienes concurren a “fiestas clandestinas”, sino extenderse a distintas conductas irresponsables que se han hecho frecuentes, como circular sin los permisos respectivos, o infringir cuarentenas. Para todos estos casos ya existen exigentes sanciones, pero como parecen no ser disuasivas, favorecer el trabajo comunitario podría ayudar a crear más conciencia del daño causado.

Esta propuesta da la oportunidad para abrir un debate de mayor alcance, tal que los trabajos comunitarios, sin perjuicio de las multas, pudieran ser sanciones establecidas para diversas faltas en que no parece tomarse suficiente conciencia de sus efectos sobre el bienestar general, como el lanzamiento de basura, destrucción del espacio público o conducción irresponsable, entre varias otras. Esto naturalmente requeriría de cambios legales, cuyos pro y contras habrán de ser examinados cuidadosamente en sede legislativa.

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