La política exterior frente a Filipinas

La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto de Filipinas, en la cual se solicitó al Alto Comisionado abrir una investigación debido a las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en dicho país, contó con la aprobación de 18 países, el rechazo de 14 -China, Cuba, Egipto, Arabia Saudita y Hungría, entre otros- y la abstención de 15; entre estos últimos inesperadamente se ubicó Chile, lo que ha generado severos cuestionamientos a la Cancillería debido a la errática señal que se envió en cuanto a la política exterior chilena en materia de defensa y protección a los derechos humanos.

El pronunciamiento del Consejo respondió a una moción impulsada por Islandia, ante la negativa del gobierno de Rodrigo Duterte -el polémico gobernante filipino- para responder a distintos requerimientos que se le han formulado, especialmente en relación a su cuestionada política de combate a las drogas, que ha dejado como saldo miles de fallecidos a la fecha, la mayoría presuntamente por ejecuciones extrajudiciales. De allí que la resolución solicitó al Alto Comisionado que elabore un informe exhaustivo, que debería dar a conocer en junio del próximo año, sin contemplar en esta fase una condena al gobierno, ni tampoco la solicitud de medidas especiales de vigilancia.

A la luz de estos antecedentes, las razones que ha entregado la Cancillería para abstenerse de aprobar la resolución resultan confusas y envían una señal ciertamente equívoca. Entre otras razones, el Ministerio justificó su decisión en que se ha seguido una política de Estado en estas materias, tal que se favorecen resoluciones que despierten amplio consenso, lo que no ocurrió en este caso, pues incluso dentro del grupo de Asia y el Pacífico -al que pertenece Filipinas- hubo países que se abstuvieron -como fue el caso de Japón- o votaron en contra. Asimismo, la Cancillería hizo ver que acompañó notas complementarias en que dio a conocer su preocupación por lo que ocurre con Filipinas, de modo que no cabe entender su abstención como una suerte de apoyo al gobierno de Duterte.

Las autoridades debieron haber previsto que esta argumentación, aun cuando buscara guardar una supuesta coherencia con la línea seguida hasta ahora, previsiblemente podría ser leída como un respaldo encubierto a Filipinas o como una maniobra para evitar pronunciarse sobre el fondo, entrando en contradicción con la política exterior del país, que ha hecho una apuesta decidida en favor de la defensa de los derechos humanos. Incluso la admirable causa que ha abrazado el gobierno del Presidente Piñera en favor de la democracia venezolana y la denuncia de la dictadura chavista, también se podría ver cuestionada frente a esta equívoca señal.

Aun cuando es bienvenido que la Cancillería haya aclarado que no hay un respaldo implícito hacia el gobierno filipino, ello no debe ser impedimento para reconocer el alto costo que provocan los errores no forzados o la imprevisión, sobre todo cuando se trata de la política exterior. Según se ha informado, la decisión de abstenerse no fue informada oportunamente al Presidente de la República, lo que revela que persisten desprolijidades del Ministerio que deben ser corregidas.