Por la razón y no la fuerza

De tumbo en tumbo, sin un norte claro y con decisiones tardías, éste ha sido el derrotero de estos últimos 40 días de nuestro país. Un Presidente que lucha con dos almas, la de la razón o la fuerza. A ratos, parece que una prevalece y plantea que debe haber soluciones sociales y llama a la paz, pero, finalmente, prima aquella que tiene el ADN de su sector, el autoritarismo. No hay otra explicación para que el Presidente haya vuelto al discurso de la guerra interna y que las principales medidas que ha solicitado al Parlamento tengan relación con leyes que solo aumentan penas (antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos y Fuerzas Armadas) en acciones de seguridad pública.

La historia nos demuestra que la represión nunca ha sido la solución correcta a los problemas sociales. Nadie puede ser tan ciego para creer que el aumento de penas va a inhibir a los ciudadanos a salir a la calle a protestar por sus derechos. Esa idea oblicua de que los saqueadores no van a salir es absurda; los delincuentes tienen considerada la pena como un costo. El camino entonces no es la represión es la solución política. Esto significa que hay que responder a las demandas por mayor igualdad, ello obliga al gobernante a tocar los cimientos del modelo. Uno de los temas centrales son las pensiones, en las cuales se requiere de soluciones reales y no parciales. Tener la esperanza de que el cansancio de los manifestantes y la condena a la violencia van a terminar con la demanda social es tremendamente equivocado; esto puede dar un respiro, una tregua, pero si no se toman las medidas oportunamente y con profundidad, esto va a volver a estallar y con más fuerza y decisión.

Hoy se ha centrado todo en la seguridad pública y en el vandalismo, lo que ha sido utilizado por el gobierno para avanzar en su estrategia, mediante proyectos de ley que trasgreden la institucionalidad, como el proyecto "sobre protección de infraestructura crítica", en la cual se ocuparía a las FF.AA. para protegerlas. La Constitución hace una distinción clara entre las funciones de las FF.AA. y las de orden y seguridad. Esta última es la única que puede ejecutar labores de seguridad pública interior. Las FF.AA. solo pueden actuar en esta línea con estado de excepción, no puede la ley autorizarlos.

Pero aún hay algo más grave pensando en la seguridad de los chilenos, y es que se pretende establecer eximentes de responsabilidad penal especial, que van más allá de la norma general de nuestro ordenamiento jurídico. Se busca que a través de un DS, dictado por el Presidente (autoridad política), se establezcan las reglas del uso de la fuerza, y que éstas tengan rango legal y se puedan usar en el ámbito penal. Esto es inaceptable. Si el gobierno pretende que en las calles estén las FF.AA. con armamento de guerra, deben someterse a las normas legales de todos los chilenos.

En nuestra historia está latente el periodo de la dictadura militar y las graves violaciones a los derechos humanos. Los presidentes usaron los estados de excepción para proteger a la población a raíz de las diversas catástrofes que hemos sufrido. Esta línea se rompió cuando el Presidente decidió utilizar a las FF.AA. para reprimir a los miles de ciudadanos que protestaban legítimamente. Las FF.AA. no deben ser utilizadas por el gobierno para resolver problemas que son políticos, consecuencia de su incapacidad y falta de voluntad.

En materias de seguridad, corrijan la ineptitud e ineficacia del gobierno y de las instituciones a cargo del orden público. Tienen las herramientas legales para desbaratar a las bandas de narcotraficantes; usen a Carabineros para detener y reprimir a los saqueadores y dejen en paz a los manifestantes pacíficos, que con su fuerza y decisión han despertado a Chile. Usen la razón y no la fuerza indiscriminada.