La responsabilidad histórica de los nuevos gobernadores regionales



Por Camilo Vial, investigador Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible, Universidad Autónoma de Chile

A inicios de mayo de 1993, a menos de un año de la primera elección municipal tras la recuperación de la democracia y a los pocos meses de que las nuevas autoridades asumieran, se reunieron prácticamente todos los alcaldes y las alcaldesas del país, superaron sus diferencias ideológicas -¡vaya que las tenían!- y decidieron crear la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). De facto y sin reconocimiento jurídico, porque ni siquiera estaba entre sus atribuciones la posibilidad de asociarse. Vieron que la única forma de lograr mejoras estructurales para revitalizar el nivel local y el rol de las municipalidades como promotoras del desarrollo, era trabajando en bloque, como gremio. Aunque aún insuficientes, no se hubiese conseguido ninguna de las relevantes transformaciones legislativas que fortalecieron al sector municipal en la década de los 90 sin el protagonismo y liderazgo de la ACHM.

Hoy, casi 30 años después, pareciera haber una interesante lección que desempolvar. El rol de los recientemente electos gobernadores regionales no está en sus atribuciones. No aparece en ninguna ley ni reglamento. No está en desarrollar una gestión de excelencia, que por cierto deben realizar. El rol trascendental de los gobernadores regionales, de estos y no de los próximos, está en liderar el inicio de un cambio de era republicana sobre la forma en que se relaciona el Estado con las regiones. Está en sus manos iniciar un proceso dinamizador que traiga mayores niveles de justicia y equidad territorial en Chile.

Si bien el gobernador no tendrá funciones significativamente superiores a las del intendente, esta elección simboliza un cambio político de grandes proporciones. Los nuevos actores electos, pese a los bajísimos niveles de participación electoral, tuvieron más votación que la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para circunscripciones comparables; un presupuesto que, si bien es limitado, no deja de ser significativo toda vez que representa el 27% de la inversión pública regional (en 5 regiones, supera el 35%), de alto impacto para la ciudadanía; y, entre otros, suficiente prensa territorial como para proyectar liderazgos macrozonales o incluso nacionales.

Todo ello se da en un contexto donde se discute una nueva Constitución. Naturalmente se prevé un mayor impulso y reconocimiento a los territorios, dado que entre los clivajes que plantean transversalmente los distintos actores políticos y sociales que integran la Convención Constituyente, emerge la mitigación del excesivo presidencialismo y centralización del sistema político. Se tiene la expectativa de una aceleración del proceso de descentralización a velocidades no experimentadas previamente y con horizontes impensados hace no más de una década. Con ello también, la posibilidad de mejorar los niveles de desarrollo regional y reducir las brechas existentes en el país.

Los nuevos gobernadores regionales tienen la oportunidad y responsabilidad única de ser articuladores que favorezcan un proceso que genera grandes expectativas, que no estará ajeno a múltiples complejidades en el camino. ¿Seguirán el ejemplo de los alcaldes en los albores de los 90? No lo tienen muy fácil. Vivimos en una época donde la política de los consensos es poco atractiva y pareciera que las posturas irreconciliables del todo o nada ganan cada vez más adeptos. Ahí pondrán a prueba su liderazgo.

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