La semana en que se selló la pérdida de conducción política

La crispación que se ha podido percibir en la discusión política con motivo del tercer retiro desde las AFP, así como las preocupantes señales de que la violencia en las calles otra vez emerge como arma de presión política -con sectores promoviendo abiertamente un nuevo estallido social-, han marcado una de las semanas más convulsionadas desde aquellos días de noviembre de 2019.

Por de pronto, el gobierno experimentó una durísima derrota política, pues el tercer retiro fue despachado el viernes por el Congreso con amplio respaldo del oficialismo. Es la señal más clara de que la coalición se encuentra profundamente fracturada, y que la mayoría de sus parlamentarios ya no está dispuesta a apoyar incondicionalmente a su gobierno.

La derrota para el gobierno no solo se traduce en que por tercera vez se le ha terminado imponiendo un retiro, sino que sus intentos por frenar esta reforma recurriendo nuevamente al Tribunal Constitucional (TC) no solo han sido rechazados de plano por la oposición, sino que por buena parte del propio oficialismo. Ello deja al Mandatario en una suerte de callejón sin salida, pues aunque logre ganar dicho recurso en el TC -el cual ya había declarado la inconstitucionalidad con motivo del segundo retiro-, el fracaso político ya es total.

Es la semana en que definitivamente se ha confirmado que el gobierno perdió la conducción política sobre su coalición, lo cual abre un escenario extremadamente complejo de cara a los 11 meses que restan de mandato. Frente al cúmulo de mociones ya presentadas al Congreso que buscan introducir inconstitucionalmente nuevos impuestos o desconocer por completo las facultades exclusivas del Ejecutivo en materia de gasto fiscal o en planos como la seguridad social, ahora ya no es claro si la coalición será capaz de actuar unida para hacer frente a ello, o si se dejará arrastrar. Con un Ejecutivo políticamente tan debilitado, hay un serio riesgo de que Chile Vamos, que llegó al poder con la promesa de corregir reformas estructurales lesivas para el país, y reponer de algún modo las buenas políticas públicas, termine concurriendo a dejar un legado muy poco edificante.

Tal como se advirtió en estas páginas la semana pasada, sobre el Mandatario recae la principal responsabilidad de no haber logrado anticipar a tiempo que la propuesta de un tercer retiro contaría con amplia aprobación en el Congreso. Y si bien La Moneda desplegó un plan de ayudas sociales para mitigar los efectos de la pandemia, no fue capaz de articular una solución que convenciera a los suyos y desactivara un nuevo desmantelamiento de los fondos de pensiones. Lo más grave, tampoco convenció a la propia ciudadanía, que sigue viendo en esta fórmula una alternativa expedita de acceder a fondos, a pesar de que quienes más necesitan esta ayuda ya no tienen recursos para rescatar.

Una administración que venía políticamente muy debilitada debió haber desplegado aquí habilidad y capacidad de negociación para evitar una derrota. Pero al optar por encapsularse en sus propias soluciones, sin sensibilizarlas con sus propios parlamentarios, mostró escaso margen de maniobra y pérdida de sintonía con las necesidades que más aquejan a la población. La impericia queda todavía más de manifiesto cuando se ve que si bien actuó acertadamente en haber recurrido al TC para frenar una reforma inconstitucional aprobada por el Congreso -pues un Jefe de Estado no puede permitir que se deje sin ejecución la Carta Fundamental-, lo hizo sin ofrecer nada a cambio, enardeciendo más los ánimos.

El gobierno no logró comprender que si a la población se le exige cumplir una estricta cuarentena -que ya se prolonga por varias semanas-, debía asegurar ingresos suficientes y expeditos para dicho propósito. Las cuantiosas ayudas focalizadas en general han jugado un rol al menos para satisfacer las necesidades básicas de los sectores más vulnerables -si bien sigue existiendo preocupación porque en algunos de estos segmentos la ayuda continúa siendo escasa-, pero es un hecho que para los sectores medios dicha asistencia no basta, o en muchos casos aún no llega.

A la luz de las consideraciones anteriores, parece inevitable que el Ejecutivo deberá abrirse transitoriamente a fórmulas más universales, con mayores recursos fiscales, capaces de proveer liquidez inmediata a las familias, cuyo diseño -que desde luego se advierte complejo- debe agilizarse si quiere evitar una nueva tormenta, sobre todo si el TC le da la razón. Son reconocidas las habilidades negociadoras del Mandatario, pero es evidente que esta vez el gusto por arbitrar y maximizar lo llevaron a dar un paso en falso, privilegiando las ayudas focalizadas y no universales. Estas probablemente se asimilan a un uso ineficiente de recursos, además de onerosas, pero ante el momento actual son necesarias y existen fórmulas donde dichos recursos pueden ser posteriormente recuperados por el Estado, por ejemplo, a través de la declaración anual de renta.

En el Congreso se han abierto negociaciones entre el oficialismo y la oposición, para explorar fórmulas que permitan ir en ayuda de las familias. En medio de la crispación reinante, la clase política tiene otra vez la oportunidad de llegar a un acuerdo que evite situaciones límite y que ayude en forma efectiva a las familias que más lo requieren. Los esfuerzos que se han desplegado en el Senado para alcanzar un acuerdo son valiosos, pero así como el gobierno debe allanarse a fórmulas de universalidad que hasta ahora ha rechazado, la oposición no puede recurrir al expediente de la extorsión, condicionando cualquier acuerdo a que el gobierno retire su requerimiento ante el TC. Después de todo, constituye una manifiesta irresponsabilidad que la clase política esté dispuesta a infringir la Constitución, sin advertir las graves implicancias que ello conlleva para la estabilidad institucional.