El ladrón detrás del juez

Un grupo de personas, la mayoría jóvenes, ocupa por la fuerza Plaza Italia y Plaza Baquedano, puntos neurálgicos de la ciudad de Santiago. Luego del llamado estallido social, éstas se han transformado en un lugar simbólico en que todos los días viernes se producen incidentes violentos, pues los ocupantes convocan a manifestarse e impiden la libre circulación por el lugar. En esas ocasiones, se atacan comercios y otros inmuebles, se rayan con insultos y groserías los muros de los edificios, se rompen vitrinas, se saquean los locales comerciales, se cobra peaje a los automovilistas, se intenta destruir la estatua del general Baquedano. Los barrios adyacentes, San Borja y Lastarria, se han convertido en un infierno para sus habitantes. Se han incendiado dos iglesias, destruido un teatro, en fin, se ha alterado completamente, mediante la violencia, la vida en esa parte de la ciudad.

La autoridad encargada de mantener el orden público en la Región Metropolitana, el intendente Felipe Guevara, intenta defender a los ciudadanos con una estrategia para impedir que el espacio público sea secuestrado por ese grupo de personas, que incluso pernoctan en carpas instaladas en el lugar. Es una estrategia preventiva, por definición menos violenta que una represiva, que se llamó copamiento y pretendía a través de la presencia masiva de carabineros impedir que una vez más ese lugar sea tomado por la turba que lo controla ilegalmente.

La estrategia no resulta efectiva, entre otras cosas porque, aunque parezca increíble, la fuerza policial, inhibida por el severo escrutinio que se hace de sus actuaciones, es menos efectiva que la fuerza de los manifestantes violentos, que son idealizados por cierta prensa y sectores opositores al gobierno con el apelativo de "primera línea", en una actitud de tolerancia y complicidad con la violencia que resulta difícil de entender en personas de buena fe.

Un grupo de diputados decide entonces acusar constitucionalmente al intendente Guevara, no porque su estrategia fracasó (probablemente algunos están contentos con ello), sino por intentar realizar la labor que la Constitución y las leyes le mandatan: mantener el orden público. En un programa de radio, quien me contradice, llega a afirmar que la acusación se justifica porque carabineros, bajo instrucciones del intendente, atacaron "bárbaramente" a los jóvenes que se encontraban allí. Así de distorsionada está la apreciación de algunos políticos sobre lo que pasa en nuestras ciudades con la violencia y sobre quiénes son los bárbaros que asolan nuestra ciudad. Así también es como los diputados de oposición, con una sola abstención, se han convertido en cómplices de la violencia al obstaculizar la mantención del orden público, una de las mayores responsabilidades del Estado. ¿Podemos ser optimistas después de esto?