Las dudas del acuerdo de paz en Afganistán

Estados Unidos y los talibanes llegaron el fin de semana pasado a un histórico acuerdo para poner fin a más de 18 años de conflicto e iniciar el retiro de cerca de 14.000 efectivos estadounidenses desplegados en ese país de Asia central, cumpliendo así la promesa hecha por el presidente Donald Trump. Como lo dice el propio documento, no se trata de un acuerdo de paz, sino de uno “para traer la paz” al país. Un título que da cuenta de las evidentes limitaciones que tiene lo pactado en Doha.

Según los términos del acuerdo, los talibanes se comprometen a iniciar el 10 de marzo próximo negociaciones formales de paz con las autoridades afganas; además, Estados Unidos retirará en un plazo de 14 meses todas las tropas desplegadas en el país -y el 40% de ellas en los primeros 135 días - y los talibanes garantizarán que Afganistán no se convierta en un santuario para grupos terroristas como lo fue en el pasado. A su vez, se estipula que 5.000 prisioneros talibanes serán puestos en libertad y el grupo liberará a su vez a 1.000 efectivos de las fuerzas de seguridad afgana que mantienen en su poder.

El documento está lejos de poner fin al conflicto más extenso en el que ha participado Estados Unidos en su historia, superando el récord de Vietnam. Se trata más bien de un punto de partida para iniciar un camino de pacificación. Pero al margen del resultado de ese proceso -cuyas primeras señales no han sido positivas, tras el rechazo inicial del gobierno afgano de liberar a los 5.000 presos talibanes- lo cierto es que el escenario que las fuerzas estadounidenses dejan tras de sí no es alentador.

Washington intervino en Afganistán tras los atentados de septiembre de 2001 con el objetivo de neutralizar a Al Qaeda y sacar a los talibanes del poder. Y si bien hoy Osama bin Laden está muerto y Al Qaeda debilitado, los talibanes están lejos de haber sido derrotados. El grupo controla efectivamente el 20% del territorio afgano, y mantienen presencia en más de la mitad del país. E, incluso, según los términos del acuerdo, pueden llegar a asumir puestos de responsabilidad en un futuro gobierno de unidad.

Como lo revelaron el año pasado una serie de documentos del Pentágono difundidos por la prensa estadounidense, Washington tenía claro desde hace largo tiempo que era imposible asegurar una victoria en ese país. “No teníamos ni la más remota idea de lo que estábamos enfrentando”, dijo en 2015 el general Douglas Lute, responsable de supervisar los conflictos de Irak y Afganistán entre 2007 y 2010. Pese a ello, persistió en una estrategia equivocada y hoy deja un país inestable, que enfrenta el riesgo real de que los talibanes retomen el poder y limiten los derechos y libertades recuperados desde 2001.

Si bien Washington se ha comprometido a mantener la asistencia financiera y la asesoría militar al gobierno afgano, el peligro de que el país caiga en un nuevo espiral de violencia que desestabilice las débiles instituciones levantadas en los últimos 18 años, sigue latente. Y con ello crece el temor de que grupos terroristas como el Estado Islámico y la propia Al Qaeda aprovechen ese escenario para recuperar fuerzas, con evidentes consecuencias para la seguridad no solo de la región, sino del propio Estados Unidos y Occidente.