Las lecciones que deja la "Operación Huracán"

La llamada "Operación Huracán" experimentó un estrepitoso traspié, luego de que el Tribunal de Garantía de Temuco decretara el viernes el sobreseimiento definitivo de todos los comuneros mapuche que aparecían sindicados como responsables de perpetrar graves ataques incendiarios en las regiones de Los Ríos y La Araucanía. El tribunal basó su resolución en que el propio Ministerio Público cuestionó las pruebas inculpatorias -acusando una "contaminación" de las mismas por parte de funcionarios de Carabineros-, como asimismo en la decisión del órgano persecutor de no perseverar en este caso, precisamente porque todas las pruebas que sustentaban la acusación carecen ya de validez, decretando la total inocencia.

Pese a la decisión de la Fiscalía y al pronunciamiento del tribunal de garantía, el Ministerio del Interior resolvió ayer apelar del sobreseimiento definitivo y presentar un recurso de queja ante el tribunal. La autoridad sustenta su petición en que durante la petición hecha por el Ministerio Público para no perseverar se dieron a conocer antecedentes a los que previamente no hubo acceso -específicamente peritajes de la PDI que daban cuenta de que las conversaciones por mensajería alojadas en los teléfonos de los comuneros fueron manipuladas después de que los aparatos fueran incautados-, lo que justificaría reabrir la causa y solicitar nuevas diligencias.

Dentro de propio oficialismo han surgido visiones muy contrapuestas respecto de la pertinencia de que el Ministerio del Interior apele al sobreseimiento, en particular por las dudas que existen actualmente sobre la forma cómo se ha llevado la investigación. Asimismo, es impropio que Carabineros aparezca contradiciendo una facultad que la Constitución reserva al Ministerio Público -que es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito-, reivindicando públicamente la investigación de su unidad de inteligencia.

Más allá de que el gobierno, en su calidad de querellante, ejerza su facultad de apelar, es relevante no perder de vista las gravosas implicancias de este revés judicial, en especial si la Corte de Apelaciones confirma el sobreseimiento. Es, desde luego, muy grave que personas inocentes hayan sido erradamente -o incluso intencionadamente- inculpadas de graves delitos que no cometieron, pero también sería grave que eventualmente personas que pudieron haber tenido algún grado de responsabilidad en los hechos queden definitivamente exculpadas y no puedan volver a ser procesadas por el mismo delito. Cualquiera de los dos escenarios daña profundamente el estado de derecho, lo que no solo amerita una profunda investigación de cómo fue posible llegar hasta este punto, sino que también exige que se hagan efectivas las responsabilidades del caso, no solo jurídicas, sino también -y especialmente- políticas.

Parece ya difícil que de la "Operación Huracán" pueda surgir una verdad que brinde tranquilidad y certeza a todas las partes. Esto debe ser aleccionador sobre la necesidad de que el Ministerio Público, así como las policías, emprendan un profundo rediseño en la forma como llevan a cabo las investigaciones en La Araucanía. Estos inexplicables desencuentros lo que consiguen es privar a las víctimas de la violencia de justicia, que con estupor observan que se encuentran en total indefensión por parte del Estado.