Las palabras no son inocuas, porque instalan realidades



Es lamentable que en momentos de tanta incertidumbre como el actual, abunden los ejemplos de autoridades así como de dirigentes políticos y gremiales que sucumben a la tentación de los eslóganes y el lugar común para efectos de enfrentar el debate público. Esta fórmula, aun cuando útil para aparentar sintonía con la "calle", puede llegar a provocar graves daños en la institucionalidad cuando su lógica también permea las políticas de un gobierno o la manera de enfrentar reformas legislativas.

Es meritorio que un gobierno se empeñe en corregir desigualdades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero hay un riesgo cuando ese quehacer comienza a realizarse desde la lógica del "abuso", y no desde la racionalidad que imponen las buenas políticas públicas. El propio Presidente de la República, tras producido el estallido social, señaló que "la gente tiene la percepción, y con mucha razón, de que en Chile hay demasiados abusos. De que hay muchas empresas que no respetan a sus clientes, a sus trabajadores y el medioambiente", contribuyendo así a asentar el diagnóstico del abuso y estableciéndolo como algo privativo del sector privado, sin hacerse cargo de los abusos que comete el propio Estado.

La reciente agenda "antiabuso" que acaba de anunciar el Ministerio de Economía va en esa misma línea, porque aun cuando la batería de propuestas en general está bien orientada, al encuadrarla desde el "abuso" inevitablemente tiñe de ilegitimidad incluso reglas establecidas por la propia ley. Así, una de las medidas, como es enfrentar el sobreendeudamiento de la población, adquiere una dimensión distinta cuando se enfoca como "abuso", sin advertir que un factor incidente del fenómeno responde a que inexplicablemente aún no se logra contar con un sistema consolidado de deudas, lo que facilita el endeudamiento excesivo. Sin pretenderlo, con este tipo de comentarios la autoridad valida la cultura del no pago -¿por qué habría de pagarse por un abuso?-, y da pie a soluciones populistas.

Algo similar se vio en la negociación que cerró el Ministerio de Obras Públicas con la coordinadora "No+TAG", condonando buena parte de los intereses de usuarios morosos. Para justificar el acuerdo -surgido producto de la presión- el ministro señaló que para "miles de personas es un tema crucial que les ha destruido la vida y la posibilidad de utilizar su vehículo". La vocera de gobierno agregó que "logramos otro paso más para un Tag más justo y solucionar abusos que se cometían en materia de transporte". Sin perjuicio de la pertinencia de revisar las fórmulas de reajuste de los peajes y las multas, los cobros se ajustaron a la normativa y se aplicaron a quienes no pagaron por el servicio, lo que no es asimilable a un abuso. En cambio, este tipo de arreglos sí resultan muy injustos para todos los que con mucho esfuerzo sí procuraron pagar el Tag.

Tampoco resulta afortunado que la ministra del Medio Ambiente, en la COP25 en Madrid, dijera que "necesitamos la voz de los ciudadanos en las calles ayudando y presionando por el cambio", porque con ello se está dando por hecho que las vías institucionales no serán capaces de canalizar soluciones para el cambio climático. El propio presidente de Renovación Nacional también parece alentar la protesta, y de allí su llamado a que "la gente se mantenga movilizada", porque "muchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios", validando la noción de que solo aquellos idearios que sintonicen con las demandas del momento actual han de ser considerados legítimos.

También ha habido frases desafortunadas en la dirigencia empresarial. El presidente de la CPC dijo que había que priorizar las demandas sociales por sobre la agenda económica, y que los empresarios deberán apoyar ese proceso. "Va a haber que meterse las manos a los bolsillos hasta que duela", metáfora compleja, porque se transmite la idea de que los impuestos podrían subir ilimitadamente, sin efectos adversos.

Estos ejemplos -también podría mencionarse al presidente del Senado, quien dijo que ahora se necesitan "tres retroexcavadoras"- ilustran la importancia de que quienes detentan altas responsabilidades cuiden el lenguaje y eviten subirse sin mayor reflexión a olas que puedan seguir azuzando el conflicto social, o deterioren aún más nuestro modelo de desarrollo.

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