Las propuestas para el desarrollo integral

Al comienzo de esta administración, muchos miraron con suspicacia la suscripción de cinco grandes acuerdos nacionales en temas claves. Pero contrariando los malos augurios, el gobierno ha avanzado paulatinamente en cada uno de los acuerdos comprometidos, y esta semana se hizo el anuncio del último de ellos: el de Desarrollo Integral.

Las más de cien propuestas contenidas en el documento han levantado algunas tímidas críticas aludiendo a la eventual falta de representatividad de sus integrantes o al carácter declarativo de algunas medidas. Sin embargo, esta hoja de ruta -con sus imperfecciones- repone como prioridad del país la necesidad de seguir avanzando hacia el desarrollo, entendido como un anhelo que trasciende el ámbito puramente económico.

Es destacable también la heterogeneidad de los integrantes de este acuerdo, sobre todo porque cambia la lógica imperante del último período, que estuvo caracterizado por un clima de alta polarización y de escasa confianza, y logra una confluencia inesperada en un tema que hasta hace poco generaba una controversia innecesaria. Resulta una señal esperanzadora que representantes del mundo empresarial, ex autoridades de la Nueva Mayoría, académicos y conspicuos representantes de la sociedad civil no sólo hayan participado activamente en el diseño de estas propuestas, sino además estuvieran dispuestos a validar ideas desafiantes o políticamente incorrectas para los sectores que ellos representan.

Uno de los capítulos más valorables es el que propone medidas para crear empleos de calidad. En momentos en que la disrupción tecnológica supone una amenaza latente para la visión tradicional del mercado laboral y que al menos provocará -en caso de abordarse de manera exitosa- un proceso de reconversión productiva, son bienvenidas las iniciativas que apuntan a flexibilizar el mercado laboral y permitir a las empresas y personas adaptarse a las cambiantes condiciones que enfrenta cada industria en particular. En este sentido, destaca la elaboración de una política pública integral sobre cambio tecnológico, rediseño del sistema de capacitación y perfeccionamientos al esquema de indemnizaciones por años de servicio, para avanzar en mayor protección en caso de desempleo. Aunque la propuesta que sobresale en este capítulo, por lo necesaria y atingente, es la que busca revisar la normativa que regula el reemplazo interno de los trabajadores en caso de huelga. No hay que olvidar que nuestro país, luego de la última reforma pasada, quedó entre las pocas economías de la OCDE que impiden el reemplazo externo e interno en caso de una paralización.

Este documento de propuestas transversales refleja el nuevo período que vive el país, que privilegia los acuerdos por sobre la confrontación. Se hace indispensable, entonces, que la disposición manifestada por ex autoridades y técnicos cercanos al progresismo se refleje posteriormente en la discusión parlamentaria. De lo contrario, los representantes de la oposición en el Congreso aparecerán como los únicos exponentes del obstruccionismo político que tanto daño le hizo al país en el pasado reciente.