Las tareas prioritarias para el gobierno en pro de la inclusión al mercado laboral

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FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO


Las autoridades deberán recoger las variadas críticas y desconfianzas que ha generado el proyecto del estatuto laboral para jóvenes aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo en julio pasado, y despejar las dudas que despierta.

En el último tiempo, el gobierno ha buscado impulsar una serie de iniciativas dirigidas a impactar en el mercado laboral. Una de ellas es el estatuto laboral de los jóvenes —que ha sido ampliamente discutida—, y el teletrabajo, anunciando al mismo tiempo, propuestas de cambios a la actual legislación laboral. Con todas estas iniciativas lo que se pretende es aumentar las tasas de ocupación y de productividad laboral en nuestro país, particularmente del segmento correspondiente a jóvenes entre 18 y 24 años,  cuya tasa de participación en el mercado del trabajo es casi 13 puntos porcentuales más baja que la del promedio de la OCDE, siendo la tasa de desocupación en este sector de un 17%, mientras que el promedio del país es de un 6,4%.  

Cabe hacer presente que la reforma previsional que prontamente se anunciará, si eleva la tasa de cotizaciones de cargo de empleador, (que al parecer así será) encarecerá el costo del empleo, desincentivando la contratación, al menos hasta que se produzcan los necesarios ajustes y restablezcan los equilibrios.

Ello exige, por tanto, actitudes proactivas en este mercado y la necesaria modernización, entre ellas la anhelada flexibilidad de las jornadas laborales, siendo el teletrabajo una herramienta necesaria y efectiva para tal objetivo, así se ha demostrado en economías de mayor desarrollo.  En cuanto al estatuto laboral para jóvenes, hay que recalcar que debe ser un instrumento efectivo que incentive la empleabilidad con todas las protecciones laborales a las que se hacen acreedores los  jóvenes que deseen superarse y combinen el trabajo y estudio.

En este sentido, las autoridades deberán recoger las variadas críticas y desconfianzas que ha generado el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo en julio pasado, y despejar las dudas que despierta, y trabajar las desconfianzas y críticas que surgieron.

Especial consideración deberá tenerse con las críticas de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alertó sobre el no pago de  horas extraordinarias y la "alta flexibilidad" de la organización de la jornada, del proyecto presentado por el gobierno. La entidad llamó a tener cuidado a que la posibilidad de contratar a estudiantes no termine sustituyendo empleos que tendrían carácter de permanente; o la opinión de  la  Central Unitaria de Trabajadores (Cut), entre otros,  quien señaló  que la iniciativa desconoce el principio de la estabilidad de empleo  y niega la posibilidad de acceder a beneficios sociales. 

Por lo anterior, se desprende que el desafío pendiente para los organismos competentes será el de articular las diferentes visiones de los  sectores interesados y comprometidos con  el tema, adelantando en esta etapa del proyecto el rol asignado al Consejo Superior Laboral, sugerido a la Cámara Revisora, para que recomiende las enmiendas que se estimen necesarias y tenidas en cuenta para su tramitación oficial.

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