Un debate constitucional que debe darse en el Congreso



Las voces que solicitan un cambio de Constitución como salida al actual clima de efervescencia se han multiplicado en estas últimas semanas. Incluso el Gobierno, tal como lo confirmó el Presidente de la República, se ha abierto a esta posibilidad -"estamos dispuestos a conversarlo todo", dijo, y también aseguró que pronto se enviará un proyecto de cambios a la carta fundamental-, pero dejando establecido que ello debe ser resuelto dentro de la instancia parlamentaria.

No cabe duda de que en el país ha aflorado un interés por participar de un debate constitucional, que va desde la introducción de los llamados derechos sociales, la promoción de la diversidad sexual, la protección al medioambiente, reformas en el sistema de seguridad social hasta el cambio de régimen político, por mencionar algunas de las materias puestas en discusión. Otras voces van más lejos y derechamente exigen un cambio de modelo, donde el Estado adquiera un rol preponderante en la producción, se termine con la noción de la subsidiariedad y los derechos de propiedad se relativicen en función de un "interés social".

Tratándose la actual crisis en un proceso que está en pleno desarrollo -donde las razones más profundas de las masivas manifestaciones aún no logran ser bien decantadas-, y en que ni siquiera se ha logrado restablecer el orden público, parece precipitado embarcarse en este momento en una discusión constitucional, lo que no obsta para que distintas instituciones públicas y privadas vayan desde ya creando instancias para canalizar diálogos ciudadanos.

La opción requerida por algunos sectores de convocar en las próximas semanas a un plebiscito para que la ciudadanía resuelva si quiera una nueva Constitución, y por esa vía establecer una asamblea constituyente, supone debilitar el rol deliberativo del Congreso y un alejamiento de las vías institucionales, que han de ser las formas en que una democracia madura debe procesar sus diferencias, deliberaciones y también conflictos sociales.

Siendo lícito entonces que se decida abrir un proceso constituyente -también lo es aquella opción política que estima equivocado o innecesario embarcarse en una alternativa de esta naturaleza-, tal decisión debe necesariamente canalizarse a través del Congreso, y en función de los quórums hoy establecidos en la Constitución determinar cuál será la fórmula para ello. En la práctica, ya están presentados como proyectos de ley distintas alternativas, como el que propuso la expresidenta Bachelet -que primero contempla una reforma al capítulo XV para luego dar paso a una comisión constituyente-, aquel que contempla la formación de una asamblea constituyente o la fusión de distintos proyectos que apuntan a un plebiscito. Pueden incluso combinarse alternativas o establecerse formas de cabildos. Ninguno de estos proyectos obsta para que la Constitución sea reformada parcial o totalmente siguiendo los pasos que el propio texto indica en el capítulo XV, sin necesidad de inventar un nuevo mecanismo.

En un momento tan turbulento como el actual, se espera que la política sea capaz de entregar certezas a la población de su capacidad para procesar el conflicto y darle adecuado cauce. En ese orden de cosas, lo primero es restablecer el orden público, sin lo cual cualquier discusión constituyente o de cualquier índole pasará a segundo plano; luego oficialismo y oposición deben concentrarse en despachar urgentemente los proyectos de la llamada agenda social -lo que se debería ver facilitado por el hecho de que las iniciativas presentadas hasta el momento son solo materia de ley- y luego embarcarse en la discusión constitucional.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.