Ley cannábica: el futuro en nuestras manos

En relación al proyecto de Ley de Autocultivo e iniciativas para legalizar el uso de cannabis, me pregunto cuál es la razón de tanta pasión sin fundamentos técnicos ni científicos. La cadena productiva y de distribución de sustancias con potencial adictivo requiere estrictas medidas de supervisión y control, pero este proyecto pareciera ir en dirección contraria. Por otro lado, no es necesaria una nueva ley para abordar los problemas médicos, ya que la normativa actual aborda esos conflictos (Ley 20.000, art 50).

Es comprensible, desde el punto de vista humano, ante situaciones extremas, como el dolor o epilepsia refractaria, que se acuda a medicina alternativa para buscar alivio. Particularmente, en dolor no oncológico, ya que los cuidados paliativos en dolor oncológico están cubiertos por GES y es un ejemplo reconocido y felicitado por otras naciones. Algunos pacientes refieren que al consumir cannabis experimentan alivio, ya que se afectan todas sus percepciones sensoriales por componentes de cannabis (cannabinoides), que afectan al cerebro en forma global.

Desde la mirada farmacológica, la cannabis tiene más o menos concentración de un cannabinoide llamado cannabidiol (CBD), que ha mostrado efecto anticonvulsivante en algunas epilepsias. Los médicos en Uruguay no recetan cannabis, usan formulaciones en base a CBD que el Estado provee. No todo paciente con epilepsia refractaria mejora con aceites artesanales, ni con CBD farmacéutico, según los estudios.

En pleno siglo XXI, ¿es necesario cultivar cannabis en domicilio para que los pacientes se preparen una fórmula medicinal? ¿Debiera buscarse alternativas terapéuticas validadas por la evidencia científica? La evidencia, son estudios con metodología validada que permite tomar decisiones en salud, asegura eficacia y seguridad. La medicina moderna implica realización de ensayos clínicos controlados randomizados. No plantamos amapola de opio para proveernos artesanalmente de morfina, cómo podríamos en nuestro domicilio estandarizar la dosis efectiva como si fuera un producto farmacéutico.

En cannabis, la evidencia concluye que los efectos beneficiosos no superan los riesgos; esto no es conflicto de interés con la industria farmacéutica, es ciencia.

El anuncio de promover la legalización de la cannabis, defendiendo un concepto de libertad individual, no incorpora una visión sobre salud pública. El discurso "prohibido prohibir" no es razonable como argumento, surge siempre como una medida para proteger la salud pública.

La educación es importantísima, pero las leyes construyen cultura. Comparemos experiencias de países que restringen como Islandia y que permiten como Uruguay. Las cifras de aumento de consumo posterior a la legalización en Uruguay, Colorado y Washington, nos deberían hacer reflexionar respecto a nuestra realidad a nivel escolar, laboral y familiar. No saquemos conclusiones de nuestro imaginario; el narcotráfico y el crimen asociado no se acaban con la legalización. O estudiemos que ha pasado en otras latitudes, como Holanda y Colorado, donde tampoco se redujo el consumo de otras drogas como heroína u opioides.

No usemos a pacientes para legalizar una droga y pensemos primero a quién afecta el consumo, no son quienes disfrutan de un placer de fin de semana, sino los más vulnerables sociales, cuando legislamos lo hacemos para todos. Tenemos la mayor prevalencia de consumo en adolescentes. Los estudiantes de colegios públicos concentran el consumo problemático, que lleva deserción y riesgo biopsicosocial. Se generan pacientes: más del 60% de adolescentes en tratamiento por adicción es por cannabis. O recordemos toda la patología de salud mental asociada, que afecta el potencial cognitivo de los jóvenes y nuestro capital social que son nuestros ciudadanos.

Para los expertos en adicciones, la intervención más validada es la prevención, reducir el acceso y no reducir la percepción de riesgo. ¿Por qué queremos hacer lo contrario que nos enseña la experiencia y la evidencia?