Ley de Migraciones: Justo equilibrio entre derechos y deberes

No puedo sino celebrar que el gobierno del Presidente Piñera haya decido dar sentido de urgencia a las reformas migratorias. La falta de preocupación en esta materia ha terminado ocasionando que los migrantes se encuentren con precariedad laboral y habitacional, a merced de mafias que lucran con el ingreso irregular y causando un abuso del sistema migratorio, pues hoy la enorme mayoría de quienes ingresan al país lo hacen de manera clandestina, amparados bajo una fals a declaración de ingreso, como es el caso de quienes ingresan con visa de turista.

El sentido de urgencia ha determinado que el Gobierno tome medidas inmediatas, por la vía administrativa; y otras de mayor tiempo, por la vía legislativa. Estas medidas buscan conciliar el derecho del país a fijar los requisitos de incorporación y a asegurar que la convivencia entre nacionales y migrantes se rija por la igualdad en los derechos y obligaciones. En efecto, al elegir vivir en el país se eligen también sus usos y costumbres, del mismo modo que los derechos y las obligaciones. Lo anterior no podría estar completo si no se tuviera en cuenta la relevancia de la integración de los migrantes, a fin de potenciar el aporte que ellos pueden realizar al país; y el respeto a los derechos humanos que, expresamente, establece la Constitución.

Pues, creo que es relevante destacar múltiples aspectos de los anuncios realizados por el Presidente Piñera. En efecto, tanto es el espíritu de acogida para todo aquel que vea en el país ya una copia feliz del edén, o un asilo contra la opresión; como la decisión de aplicar mano dura contra el ingreso irregular y clandestino al país, particularmente estableciendo restricciones a quienes posean antecedentes penales y vengan a delinquir a Chile.

En materia de institucionalidad, también se avanza con el establecimiento del Consejo de Política Migratoria y con la creación del Servicio Nacional de Migraciones; y del mismo modo, las reformas a los sistemas de ingreso, tanto mediante medidas administrativas que tendrán efecto inmediato, como otras con vigencia diferida y propias del ámbito legislativo, resultan capitales para configurar un sistema de ingresos moderno y preparado para los desafíos de los tiempos que corren, particularmente la ampliación de los esquemas de visado por vía administrativa. De todas estas, no puedo dejar de resaltar la visa de responsabilidad democrática que se ha creado para Venezuela en atención a la crisis política y humanitaria que vive ese país y que, en tiempos difíciles para el nuestro, abrió sus puertas a nuestros compatriotas.

Por último, el proceso de regularización migratoria por vía administrativa que se iniciará es un reconocimiento a nuestros fallos en política migratoria, pero también una declaración de que esperamos con esta ley enmendar nuestros errores pasados, manteniendo un principio elemental: que todos aquellos que posean condenas en su historial no podrán beneficiarse de esta medida.

Llegar hasta aquí no fue un camino fácil, sobre todo por la desidia del Gobierno anterior que llevó a que se me entregara la responsabilidad de interpelar al Ministro del Interior por la dilación en el tratamiento de la legislación migratoria. Sin embargo, confío en que estas medidas concitaran, por su búsqueda de equilibrio entre nacionales y migrantes, el apoyo mayoritario necesario para tener, en la mayor brevedad, una nueva ley migratoria que permita vivir tiempos mejores a quienes han escogido nuestro país como su hogar.