Tramitación de la Ley Sename

SEÑOR DIRECTOR

En el editorial publicado el 17 de septiembre se escribe sobre el retraso en la tramitación de la Ley Sename. Considera como tal el tiempo empleado para oír a Unicef, a la Asociación Nacional de Magistrados, al Hogar de Cristo, entre otros, todos coincidentes en tres serios defectos de la moción del Ejecutivo: 1) El servicio, como el actual, no tendrá controles externos e independientes del trato que se dé a los niños. 2) Seguirá en manos de personal no especializado en el trabajo con niños vulnerados. 3) Otra vez no contará con autoridades locales que coordinen y supervisen el trabajo que con ellos se haga. Así, seguirán habiendo niños indefensos ante adultos que decidirán sobre sus vidas, sin controles ni contrapesos.

¿Y se pretende que los senadores Rincón, Montes y Quintana no hagamos indicaciones para corregir tamaños errores? No podemos sino cumplir con el deber que la Constitución impone a todos los órganos del Estado: respetar los derechos esenciales consagrados en la misma Constitución y en los Tratados de DD.HH., entre estos, la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 4° dice: el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otro carácter para hacer efectivos sus derechos.

Si el gobierno no entrega un nuevo Sename que garantice la efectividad de los derechos, no se puede culpar de ello a otros. Si acordado el 1°de julio para indicar, el Ejecutivo demora hasta el 9 de septiembre para hacerlo, ¿quién retrasa la tramitación?

Si recién aprobado el artículo 1 -propuesta senatorial que cumple con el mandato de la Convención de "garantizar" a estos niños el goce efectivo de sus derechos-, el gobierno hace reserva de constitucionalidad del mismo, ¿quién amenaza el cumplimiento de los objetivos?

Entonces, la inquietud debiese ser ser otra: ¿los niños ya no están primero?

Ximena Rincón

Senadora