¿Libre movilidad o cuarentena?

El pasado 22 de Abril, el ejecutivo firmó dos proyectos de ley que pretenden reformar a las Isapre y Fonasa. Estos proyectos, lejos de "ponerle el cascabel al gato", impresionan como un traje a la medida que incluye nuevos mecanismos para que las Isapre sigan teniendo cuantiosas utilidades. Por ejemplo, las barreras a la libre movilidad de afiliados contenidas en el Plan Nuevo Asegurado, en especial aquellos de mayor edad y riesgo de enfermar.

Si bien la propuesta legislativa elimina la declaración de salud usada por las Isapre para discriminar por pre-existencias, la reforma propone un nuevo mecanismo de discriminación. Se detalla en la propuesta del gobierno que todas aquellas personas que decidan migrar e incorporarse a las Isapre en el Plan Nuevo Asegurado, serán obligadas a una carencia de 2 años, con condiciones usureras. Esta suerte de "cuarentena" de 24 meses, obliga a los nuevos afiliados a ocupar una red de prestadores cerrados para su atención, pagando un 40% de copago cada vez que requieran una prestación, sin tope máximo. En otras palabras, las Isapres te aceptan, deciden por ti dónde y con quien ser atendido (con los precios que ellos establecen) y te cobran un 40% de copago cada vez que lo necesites. ¿Quiénes pueden "darse el lujo" de aceptar condiciones de este tipo durante 2 años? Con toda seguridad, sólo personas jóvenes, sin enfermedades previas y en general, hombres. Más aún, lo que ocurriría con las mujeres con este nuevo mecanismo de discriminación contraviene la grandilocuencia con que se anunció el fin a la discriminación por género en el anuncio presidencial. En promedio, las mujeres usan aproximadamente un 50% más que hombres prestaciones de salud a lo largo de su ciclo vital, siendo más pronunciada esta diferencia durante la edad fértil. Asimismo, presentan un gasto per cápita en prestaciones de salud mayor que los hombres en dicho período (Superintendencia Salud, 2017). Con ello, este mecanismo constituye un estímulo a la libre movilidad que prioriza a hombres y discrimina a mujeres en general, descartando sobre todo a aquellas en edad fértil.

El proyecto, por tanto, incorpora incentivos perversos para estimular la migración de usuarios sanos y con bajo riesgo de Fonasa hacia Isapre, pero manteniendo a las personas de mayor riesgo en Fonasa. La lógica de discriminación, que tan funcional ha sido al negocio de las Isapre, se perpetúa.

Esta medida además, tal como se establece en el informe financiero del proyecto, amenaza la sustentabilidad financiera del seguro público toda vez que disminuye los ingresos netos de Fonasa en más de 70 mil millones. A las personas más enfermas y de mayor edad, no se les ofrece posibilidad efectiva de movilidad al mismo tiempo que se les abandona a su suerte en un Fonasa con menores recursos disponibles para satisfacer sus necesidades.

Negocio redondo para las Isapre. Así se entienden muy bien los dichos del renunciado vocero de las Isapre "no nos podemos dar el lujo de recibir gente enferma" quien recibió con "optimismo" la propuesta del Gobierno.