Lo que está detras de una colegiatura obligatoria



Por Miguel Schürmann, profesor de la Facultad de Derecho U. de Chile

La decisión del Colegio de Abogados de Chile A.G. de promover una afiliación obligatoria como medio para realizar un control ético efectivo ha generado un debate intenso. Se ha reiterado la objeción de una supuesta infracción al derecho fundamental a la libertad de asociación que este acuerdo supondría. Tratándose de derechos fundamentales, lo que acá está en juego es si la eventual restricción de la libertad constitucional tiene o no justificación.

El primer párrafo del acuerdo expone claramente que la propuesta consiste en eliminar no la libertad de asociación (art. 19 núm. 15, CP), sino la prohibición constitucional de exigir la afiliación a una organización como requisito para ejercer una actividad o trabajo (art. 19 núm. 16). Con esto, lo que el acuerdo propone es que el asunto no quede prejuzgado en la Constitución permitiendo que la decisión quede entregada al debate democrático, del cual la Constitución Política de 1980 lo sustrajo.

Resulta curioso que los detractores sostengan que la colegiatura obligatoria sería inadmisible para un sistema que reconozca la libertad de asociación. La compatibilidad entre el reconocimiento de la libertad de asociación como derecho fundamental y la afiliación obligatoria a un colegio profesional queda demostrada por los numerosos sistemas jurídicos a los que solemos mirar como referencia. Pero más allá de eso, el debate debe transitar rápidamente hacia los fundamentos de la propuesta: la necesidad de un control ético efectivo de la actividad profesional.

Actualmente, ese control de los abogados no colegiados (la mayoría) se encuentra entregado a los tribunales ordinarios de justicia. Este ha mostrado ser gravemente insatisfactorio: las sanciones suelen circunscribirse a los litigantes (una fracción cada día menor) por actos realizados en actuaciones judiciales. Con ello, un amplísimo campo de la asesoría profesional queda fuera del control ético. Y acá surge lo crucial: la postura planteada por el Colegio de Abogados de Chile A.G. va en defensa directa de quienes recurren a los servicios de un profesional que cumple una función imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. La sociedad requiere que la función pública desplegada por una determinada profesión cumpla estándares mínimos y ello no debe quedar, una vez más, entregado al mercado, especialmente opaco en este ámbito.

La propuesta concreta y que al parecer estarían razonablemente estudiando otros gremios, es realizar el control ético centralizadamente al interior de la asociación gremial, a la cual se deben afiliar todos quienes deseen desempeñarse como abogados, de modo que sus sanciones afecten a todo aquel que ejerza como tal. Por cierto, existen otras alternativas disponibles; como desligar el control ético de la afiliación, de modo que el Colegio -o la entidad que se establezca- tenga facultades para conocer reclamos e imponer sanciones a todo aquel que ejerza la profesión, con independencia de su afiliación al gremio. Lo que está claro es que en los últimos 40 años la alternativa de entregar el control ético a los tribunales ordinarios resultó inviable.

Desactivar la prohibición constitucional de afiliación obligatoria y aceptar la necesidad del control disciplinario universal de la actividad profesional es solo el primer paso para repensar el sistema. El acuerdo adoptado por el Consejo del Colegio de Abogados tiene la virtud de ponerle el cascabel al gato.

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