Los desafíos del nuevo gobierno ante las empresas públicas

Es evidente que un Estado Chileno más moderno debe, más temprano que tarde, promover la discusión acerca del rol de las empresas públicas del país

La justificación económica para la creación de empresas públicas o controladas por el Estado se construye, habitualmente, a partir de argumentos relacionados con la provisión de bienes públicos para los que la rentabilidad social supera a la rentabilidad privada, y/o con la existencia de intereses estratégicos del Estado. Evidentemente, ambas líneas argumentales son dinámicas en la medida que la tecnología, por ejemplo, modifica la forma en la que determinados servicios se prestan, o que consideraciones políticas o ideológicas de los gobiernos de turno afectan los intereses estratégicos del Estado.

El Estado de Chile es dueño de 29 empresas públicas que operan en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la minería hasta los juegos de azar. Es interesante notar, que a pesar de los enormes cambios tecnológicos, económicos y sociales que han ocurrido desde principios de los años 80s, cuando culminó el principal proceso de privatización de las empresas del Estado de Chile, la base de nuestras empresas públicas ha permanecido prácticamente inalterada y no ha habido una discusión a fondo acerca del rol que estas empresas debieran tener en nuestro país.

Independientemente de la justificación económica o estratégica que se esgrima para justificar la existencia de una determinada empresa pública, las recomendaciones internacionales de buen gobierno corporativo para empresas propiedad del Estado es que éstas deben cumplir su rol económico y/o social de la forma más eficiente posible, indicando en forma transparente los objetivos sociales que persiguen y los subsidios operacionales que requieren.

Para lograr este nivel de eficiencia y transparencia, las empresas del Estado requieren de un marco de gobierno corporativo más estricto y exigente incluso que el que se pide a las sociedades anónimas abiertas. La razón para esto es muy sencilla. Las situaciones de escaso alineamiento de incentivos y de potenciales conflictos de intereses que se derivan del llamado "problema de agencia" se multiplican y componen en el caso de las empresas públicas, donde existen múltiples niveles de la administración del Estado que participan directa o indirectamente en el gobierno de estas empresas.

Paradójicamente, sin embargo, a pesar de los intentos realizados en los últimos gobiernos, el marco de gobierno corporativo de las empresas públicas en Chile es fragmentado, diferentes empresas enfrentan diferentes marcos regulatorios y, en general, los sistemas de control y de transparencia informativa que se aplican son menos exigentes que los de las sociedades anónimas abiertas privadas. Esta debilidad fundamental del gobierno corporativo de las empresas públicas chilenas genera que persistan problemas graves como el caso de los contratos de proveedores de Codelco u otros que desconocemos.

Es evidente que un Estado Chileno más moderno deberá, más temprano que tarde, promover la discusión acerca del rol de las empresas públicas del país, y generar un marco único y exigente de gobierno corporativo y de control de gestión para sus empresas.