Los gobernadores y la política

Pese a que Chile es un Estado unitario, en el que estamos entrelazados por profundos lazos comunes, tanto nacionales, culturales, religiosos, al mismo tiempo existe un creciente anhelo de descentralización desde las diferentes regiones y provincias del país. Nada de esto debiera ser raro para nosotros, toda vez que desde antes de la creación de Estado de Chile existía una tensión entre el llamado "poder político", expresado en el gobernador y el "poder social", que residía en los cabildos y asambleas provinciales.

De hecho, el poder local en muchos momentos de nuestra historia política fue tanto o más importante que el poder central. No olvidemos que fue el cabildo quien confirmó a don Pedro de Valdivia como gobernador de Chile y también, el que detentó el poder mientras el rey Fernando VII estuvo ausente en 1810. Con todo, la dinámica entre el poder local y central ha ido cambiado a medida que se fue conformando el Estado de Chile. Desde el siglo XIX hasta la fecha, se ha consolidado un proceso político donde el poder local ha disminuido paulatinamente en relación al poder central del Estado, al punto de casi desaparecer.

La perspectiva histórica nos permite situarnos en un escenario real ─y no solamente teórico─ a partir del cual avanzar y proyectar cambios. Luego, una mirada histórica a esas dinámicas nos muestra que los factores que explican la centralización son variados. El centralismo no se resuelve necesariamente con más transferencias financieras, o creando cargos de elección popular a troche y moche. En estas materias, donde están involucrados tantos factores, y en el que inevitablemente la mayor parte del capital humano está concentrado en Santiago, no es fácil de un día para otro descentralizar competencias y atribuciones. Se trata de una cuestión con características bien especiales que conviene estudiar en profundidad, desde todas las vertientes posibles. En este sentido, el proceso de descentralización gradual y planificado impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera, parece ser un acierto.

En tal sentido, el gobierno se ha preocupado de dotar a este proceso de un alto carácter técnico, indispensable si se quiere avanzar con seguridad. La semana pasada, de hecho, ingresaron a la Contraloría los primeros decretos que traspasan las primeras competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Con todo, y precisamente con el fin de descentralizar el capital humano, es necesario también que el oficialismo convoque a quienes podrían liderar políticamente este proceso. El terreno político, en efecto, quizás por la natural falta de liderazgo provincial y por ser menospreciado generalmente por la centroderecha política, ha sido dejado de lado. Pero, en realidad, serán los gobernadores regionales electos en 2020, quienes llevarán a la práctica buena parte de este traspaso de competencias. De ahí que el gobierno no puede dejar pasar esta oportunidad política para tomar ventaja. Hasta la fecha, los candidatos idóneos escasean ―no se ve en los actuales intendentes una agenda política para aprovechar su posición de incumbentes―. Son estos últimos quienes tienen mayores posibilidades electorales, por la experiencia y los riesgos adquiridos.

Lamentablemente, el gobierno no tomó inicialmente las providencias necesarias de elegir a los intendentes con potencial de elección en la nueva figura de gobernador electo. No obstante, todavía puede, durante los meses que restan y un año antes de la elección para sortear las inhabilidades, preparar y dibujar un panorama político que permita llevar a cabo el enorme trabajo que supone descentralizar nuestro país. En caso contrario, nada garantiza que sea fácil llevar a la práctica este proceso con gobernadores de oposición, y todo se estanque en deliberaciones interminables sobre un proceso urgente, que necesita un cariz técnico, pero al mismo tiempo una alta convocatoria política.