Daniel García

Daniel García

Director ejecutivo de Espacio Público

Opinión

Los municipios y la integración social

En el cerro Alvarado se pueden construir viviendas en Vitacura, pero no en Lo Barnechea. Foto: Rudy Muñoz

Esta columana fue escrita junto a Gonzalo Vial Luarte, Director Ejecutivo Fundación Huella Local.

“Fin del conflicto” se tituló una nota de la semana recién pasada dando cuenta de que Vitacura pagó $10 mil millones de pesos para comprar el terreno en disputa con Las Condes, y así evitar la construcción de viviendas sociales en su comuna. Por su parte, Joaquín Lavín llevó su intención de construir viviendas para familias vulnerables desde Estoril a la Rotonda Atenas. Lo que se mantiene constante es la oposición de los vecinos, los prejuicios y las inmensas desigualdades territoriales de nuestra ciudad.

En Vitacura, la comuna con más áreas verdes de Santiago y sin ninguna vivienda social, los vecinos reclamaban un área verde. En Las Condes, comuna con excelentes niveles de conectividad y servicios, alegaban por la saturación por densificación. En ambas comunas, de las más prósperas del país en cualquier indicador (según el Ranking ICVU 2018, Vitacura en segundo lugar y Las Condes, tercero), los vecinos aseguraban que la plusvalía de sus viviendas bajaría. Esto, sin conocer el proyecto (equivalente a menos del 0,1% de la población comunal), ni a las familias que lo habitarán, y sin la menor evidencia al respecto, solo basados en prejuicios y temor.

Por definición, la plusvalía corresponde al aumento de valor generado por razones externas, por lo que no debiéramos asumirla como un derecho adquirido. Las propiedades inmuebles aumentan su valor por las características del entorno, su conectividad, servicios, entre otros, atributos en su mayoría vinculados a la inversión pública, no particular del propietario, por lo que mal podría constituir un derecho. Por otra parte, los instrumentos de planificación como el Plan Regulador Comunal, tienen instancias de participación donde los vecinos pueden expresar sus expectativas en el desarrollo urbano, y considera también la capacidad de carga del sector. Por lo tanto, el reclamo sobre el problema del colapso en el sector es artificial, más aún cuando hoy en la misma ubicación se construyen edificios privados de mayor envergadura.

Además, de acuerdo a la Ley 19.602, que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es de responsabilidad del municipio procurar y generar soluciones habitacionales para grupos postergados de la comuna, cuestión que Recoleta, Santiago y otras están trabajando con éxito. De esta forma, los municipios tienen el gran desafío de humanizar una política habitacional dominada por el mercado y el precio del suelo, que ha terminado por justificar la expulsión de los pobres a los extramuros de la ciudad.

Sin embargo, resulta evidente el resultado que tendría un plebiscito en este contexto. Cabe entonces preguntarse si alcaldes como el de Vitacura o vecinos como los de Vitacura y Las Condes tienen derecho a oponerse a la construcción de viviendas sociales, si tienen derecho a cerrar las puertas de la comuna a nuevos vecinos, o peor aún, a aquellos con pocos recursos.

Más aún, la ausencia de viviendas sociales naturalmente tendrá como consecuencia una baja o nula demanda por servicios públicos de salud y educación en la comuna. En este contexto es válido preguntase si deben recibir recursos del impuesto territorial y patentes, o cualquier otro recurso público, las comunas que no están dispuestas a recibir un mínimo de diversidad socioeconómica, no solo para trabajar en sus locales, en sus casas, cuidar a sus niños y enfermos, sino también para vivir en ella.

La ciudad y las comunas deben acoger la diversidad social propia de sus habitantes, así como prepararse para convivir con sus externalidades negativas. Chile ha tenido 100 años de historia en vivienda social, donde existen grandes ejemplos de integración en la ciudad pioneros en Latinoamérica, proceso interrumpido hace décadas. La iniciativa de Las Condes nos pone nuevamente en la senda del desarrollo integral de la ciudad con rostro humano, revirtiendo la segregación que ha hecho a miles no sentirse parte del desarrollo y mirar como extraños a quienes no han tenido las mismas oportunidades.

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