Los niños primero

En noviembre se cumplen 30 años de la Declaración de los Derechos de la Niñez bajo la Convención internacional sobre los Derechos del Niño. Chile ratificó esta convención hace 29 años y la legislación aún no logra hacerlos efectivos. Hay que decir que nuestro país carece injustificablemente de un sistema de protección de los derechos de los niños y niñas y, junto a Panamá, somos el único Estado de América Latina que tiene esta deuda vigente.

La separación del Sename es importante, pero corremos el riesgo de cambiar lo servicios sin tocar lo esencial. Lo esencial es que menos niños y niñas tengan que estar bajo protección del Estado, y esto es imposible sin un sistema de protección integral e integrado con presencia en todo el territorio nacional.

De todas las políticas públicas que un Gobierno puede construir y dejar, probablemente la que más impacto tendrá de manera histórica es la que tiene que ver con la niñez y adolescencia. Hoy hay una oportunidad única. Es fundamental una señal de unidad por parte del poder legislativo para instalar un mecanismo real de prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como sociedad civil que trabaja en niñez, pero que también acompaña víctimas adultas de vulneraciones durante la infancia estamos seguros de que el Estado debe constituirse -efectivo y eficaz- en garante de estos derechos.

Para eso es necesario voluntad política transversal, sobre todo de parte del Gobierno: instalar un dispositivo territorial al que todo niño o niña pueda acudir y desde el que se pueda llegar a tiempo porque siempre estamos llegando tarde y eso es inaceptable. Si los niños y niñas están primero en la fila entonces deben contar con una institucionalidad real y garante, con recursos y estructura suficientes.

Por esto, todos los derechos y principios establecidos en la ley deben estar en base a la convención. Además, debe haber un sistema de protección administrativa. La justicia debe ser un último recurso, pero no debe ser todo resuelto en tribunales, pues termina siendo muchas veces un nuevo foco de vulneración de derechos de los niños y niñas. Es importante llegar antes, llegar a tiempo y llegar bien. Proteger a los niños y niñas en su contexto de familia particular y territorial. De manera coherente y flexible con cada caso.

Es urgente contar con oficinas locales de infancia que tengan esta mirada integrada y preventiva, con suficiente potestad para actuar en todos los casos. Y eso implica presupuesto. Es la consecuencia más coherente y justa de poner a los niños primero y hacer así política real, a largo plazo y con efectos más trascendentes.