Los que no han hecho sentir su voz

marcha



En estos días se escuchan muchas voces; de manifestantes, de quienes destruyen y agreden impunemente, de políticos, de los parlamentarios, del gobierno, de jueces y fiscales, de quienes cubren e interpretan hechos en medios de comunicación social, etc…

Pero, ¿dónde está la voz de aquellos que sufren en silencio -día a día- el brutal entorpecimiento de sus vidas y que se encuentran inermes ante la masiva destrucción de bienes públicos y privados y la grave alteración del orden público? ¿Dónde está la voz de aquellos cuyos trabajos y el desarrollo de su vida cotidiana se han visto brutalmente afectados, en este país en caos permanente por más de cinco semanas?, ¿la de aquellos que deben decidir cómo escapar de los riesgos en sus labores o para transitar entre éstas y sus hogares?

¿Ellos no son violentados en sus derechos humanos?, ¿o estos derechos se encuentran establecidos solo para proteger a quienes se ocupan de destruir y afectar la vida del ciudadano, en ocasiones mediante la utilización de tácticas que recuerdan a aquellas que utilizaron ideologías totalitarias en épocas pretéritas, para aplastar a quienes no estaban de acuerdo con sus ideas?

No cabe duda que existe una mayoría silente que quiere paz y tranquilidad para continuar desarrollando sus vidas; no obstante hoy, afectados gravemente en su estabilidad emocional, han enmudecido. El país ya ha tomado suficientemente nota de las justificadas demandas sociales, lo que hace necesario un acuerdo real y efectivo para restablecer el orden social, que se haga cargo del enorme malestar que ha emergido denunciando abusos acumulados, mediante una innovadora y profunda agenda social.

Urge poner freno al injustificado vandalismo, de manos de personas -muchas encapuchadas- que no creen en el respeto de las normas que nuestra sociedad se ha dado, cuyos perniciosos efectos están azotando profundamente nuestra convivencia cívica y embargando el futuro de las nuevas generaciones. Los acuerdos políticos que se han intentado, parecen ser siempre insuficientes para detener a hordas desatadas cuyo único fin parecer ser la destrucción de la urdiembre social. No hay duda de que el ejercicio de la protesta pacífica constituye un derecho fundamental en una sociedad democrática, pero ello requiere que ésta siempre se encuentre enmarcada dentro del estado de derecho; las autoridades tienen la facultad y la obligación de mantener el orden público en las manifestaciones que, cuando son desbordadas, implican una agresión para quiénes no participan activamente en ellas.

Constituye un deber cívico de todos quienes tengan una opinión a expresarla por los medios legítimos de que dispongan, para que su voz se escuche, con el fin de que los responsables de conducir la sociedad puedan focalizar eficazmente sus acciones en tal sentido concreto, y detener toda esta insensatez.

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