Macrozona sur: necesidad de respuestas urgentes

La actual situación de La Araucanía requiere más que un coordinador para la zona, una autoridad empoderada y voluntad política para abordar el tema.



En noviembre del año pasado se creó una Unidad de Coordinación para la Macrozona Sur para dar respuesta a las demandas ciudadanas relativas a la situación de inseguridad y violencia que se vivía en parte de la Región del Biobío, en la Región de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ella abordaría la coordinación policial, la persecución penal, un programa de apoyo a víctimas y gestión de gobierno, a través de un trabajo con las carteras ministeriales, las policías, fiscalía y comunidades.

Tras algo más de tres meses, quien ejercía el cargo de coordinador debió renunciar al emitir públicamente expresiones relativas a una supuesta falta de colaboración de las Fuerzas Armadas -rápidamente rebatidas por el ministro de Defensa y actual ministro(s) del Interior- y en su reemplazo se nombró a una asesora presidencial que se concentrará en materias jurídicas y a un delegado que continúe con las labores de coordinación. Este último ya realizó su primera visita a la región para reunirse con las autoridades, y despejó cualquier duda respecto a la colaboración de los uniformados.

Sin embargo, la incertidumbre frente a esta respuesta a una situación de larga data en la zona se mantiene, tal como lo han manifestado no solo parlamentarios -algunos de los cuales han insistido incluso en que se declare Estado de Sitio-, sino dirigentes que no ven una acción consistente de parte de los poderes del Estado y de la Fiscalía. Las expresiones de una evidente falla del Estado se siguen repitiendo y se solicita una acción más decidida y clara de parte de las autoridades. Más que convocatorias a un gran acuerdo nacional, como la planteada por el Presidente, se requiere de voluntad política efectiva de parte del gobierno para enfrentar el problema, la que parece haber faltado. Es urgente avanzar en las demandas de seguridad inmediatas que enfrenta lo zona.

El hecho de que tras la visita del nuevo delegado presidencial hubiera seis hechos de violencia entre ataques incendiarios, un ataque a un retén en Lumaco y un saldo de dos carabineros heridos, deja en evidencia un preocupante problema de descontrol. Y si bien es positivo que los patrullajes mixtos entre Carabineros y Fuerzas Armadas vayan dando resultados, estos aún son insuficientes, como asimismo las investigaciones que se llevan a cabo. Si bien en el caso del asesinato del cabo Naím hay un detenido y dos presuntos autores identificados, son muchos los casos de víctimas de la violencia que no han visto justicia en sus causas y cuyas investigaciones siguen sin dar resultados.

Más allá de quienes sean las personas que asuman esa responsabilidad, la situación en la Macrozona requiere más que un coordinador. Demanda, ante todo, voluntad de parte del Ejecutivo y una autoridad empoderada -con responsabilidad política y una clara definición de su cargo- que cuente con reconocimiento y dedicación exclusiva. Ese parece hoy el camino más efectivo para abordar no solo lo relativo a las urgentes labores de seguridad pública que la actual situación amerita -amenazada e incluso superada por delitos asociados al robo de madera, usurpación de tierras, narcotráfico y actividades claramente terroristas-, sino también para retomar el diálogo con los actores que estuvieron y están dispuestos a hacerlo para abordar las demandas sociales aún pendientes. Dilatar el tema para que otros lo asuman en el futuro, solo acrecentará el problema.

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