Más allá del rompe paga

Durante la última década las conquistas de las y los estudiantes generaron una transformación de la agenda pública, visibilizando que el sistema educacional, desde sus marcos jurídicos, económicos sociales y culturales, no solo es injusto, sino que perpetúa una desigualdad estructural que se expresa de forma nítida en la educación como bien de consumo. Así, la movilización social aparece porque el propio sistema no es capaz de contener un diálogo y los cambios que tensionan al punto de quebrarse la relación entre los actores sociales.

No podemos hablar de las tomas estudiantiles sin poner en contexto de qué se trata, porque ellas son la expresión de que se ha quebrado un diálogo. ¿Qué pasa en el fondo? Eso deberíamos estar preguntándonos, no solo entre autoridades, sino que con todos los actores involucrados.

Los daños en los establecimientos, así como en las protestas con los espacios públicos, por cierto, deben tener respuesta por parte de quienes son responsables, pero nuestra primera misión como autoridades, locales, regionales y nacionales es mirar la cuestión de fondo, que es cómo generamos mejores y más eficientes mecanismos de diálogo con los actores sociales, cómo establecemos nuevos acuerdos y avances sociales sin que el diálogo se quiebre antes de que se haya iniciado.

Cómo, sin deslegitimar al movimiento social, generamos un nuevo pacto donde lo público no sea un espacio de nadie y que por tanto pueda destruir, sino que todo lo contrario, lo público es lo que nos pertenece a todos y por eso se cuida y preserva, más allá de la conquista social que perseguimos, cuidamos la que ya es nuestra, como nuestras calles, parques, muros, y por cierto nuestros colegios.

La movilización social, junto con los ciudadanos y los actores políticos, obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, entre otros, son a quienes debemos las conquistas sociales que desde inicios de la República, las instituciones han incorporado para configurar condiciones de mayor justicia social en los diversos espacios en que estas luchas han ganado terreno.

Es por eso que gestionar la educación con foco en la participación de las comunidades escolares y el enfoque de derecho se hace imprescindible. Las tomas sólo se pueden evitar en la medida en que se trabaje con y para las comunidades escolares, generando cohesión y visión compartida, dialogando respecto de los problemas.

En Independencia buscamos que el sostenedor no pierda el foco en lo educativo y, por el contrario, levantamos agendas en conjunto y definimos procesos a cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Esto permite que toda la comunidad educativa se involucre y empodere, no sólo de los espacios físicos, sino que de todo lo anexo que se genera. Si se potencia el diálogo se logrará evitar actos que puedan poner en riesgo la estabilidad de una comuna, y sobre todo en este caso, la continuidad en el estudio de los jóvenes.

Actuar bajo una lógica únicamente punitiva, no supone necesariamente un aprendizaje y más bien instala el castigar por encima de educar. Es necesario que entendamos, si queremos impedir estos hechos, que debemos generar las condiciones para discutir y debatir sobre la recuperación de los derechos sociales y lo que hoy, las mayorías del país demandan: educación pública, gratuita, de calidad y no sexista.

Finalmente, es vital entender estos procesos de manera sistémica y por tanto involucrar a la comunidad educativa en su conjunto y en una lógica de corresponsabilidad. Por ello es que en nuestra comuna hemos apostado por dar relevancia a los consejos escolares (órgano en que participan académicos, estudiantes, apoderados, directivos y asistentes de la educación), no solo para tomar decisiones en conjunto, sino que principalmente para construir procesos educativos con toda la comunidad escolar, de la que como autoridades también somos parte.