SEÑOR DIRECTOR
La realización de dos Pruebas de Transición (PDT) al año, a partir de 2022, es una buena noticia para los postulantes a las universidades. La ansiedad que genera esta prueba estandarizada repercute fuertemente en el bienestar de los estudiantes, produce tensión porque pone en riesgo su desempeño y aleja a muchos de la educación en todas las etapas de la vida que debiera ser parte de la experiencia y desarrollo de su proyecto de vida. Por eso, desde que esto fuera anunciado, hemos valorado la propuesta, pero también hemos esperado algunas acciones que vayan un poco más allá de lo estrictamente administrativo.
Está claro que esta medida no resolverá el fondo del problema educacional en Chile: la enorme brecha que produce la segregación y falta de equidad en la educación. Contrario a lo que han sostenido algunos directivos universitarios en sendas columnas de opinión, la PDT continuará registrando la diferencia de calidad entre colegios privados y públicos, independiente que esta se realice una, dos o más veces por año. En ese sentido, es el Estado quien debe asumir con decisión su deber de mejorar la calidad de la enseñanza básica y media de los establecimientos a su cargo, para terminar, de una vez por todas, con la segregación educacional. El tema no pasa por cómo acceder a la educación superior, más bien tiene que ver con los cimientos que tendrán los y las jóvenes al ingresar a ella.
Los talentos están distribuidos en toda la comunidad, sin importar el segmento socioeconómico al que se pertenece. No hay excusa para postergar la tarea de permitir que ellos se desarrollen y fortalezcan desde la edad más temprana, sin diferencias basadas en la cuna.
Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad del Alba
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