En las últimas semanas se ha debatido sobre el alcance del apoyo a la clase media afectada por la pandemia, situación que se ha vuelto apremiante para muchas familias. Considerando que el Ingreso Familiar de Emergencia está más bien orientado a los hogares en situación de informalidad laboral o de menores ingresos, se sostiene que la clase media no estaría siendo cubierta por estos beneficios. No obstante, se debe reconocer que un porcentaje mayoritario de este grupo sí tiene acceso a éste, así como también a la ley de protección del empleo, que permite suspender o reducir la jornada laboral y a cambio obtener hasta un 70% de la caída en la remuneración desde aportes del Fondo de Cesantía. El problema, entonces, parece ser más bien que en ocasiones los montos que se perciben en virtud de dichos programas pueden ser insuficientes en relación con los niveles pre crisis.
Es por ello que gobierno y Congreso han debatido diversas iniciativas. La Cámara de Diputados, atendiendo consideraciones populistas y desoyendo la opinión en contrario que transversalmente han hecho ver los técnicos más destacados del país, optaron por promover el retiro anticipado de una parte de los fondos de pensiones, estrategia que no solo resulta regresiva, sino que también produciría enormes perjuicios sobre las pensiones futuras. El gobierno, en tanto, que se mostró en desacuerdo con esa posibilidad, presentó un nuevo plan de medidas complementarias para favorecer a la clase media. Éste contempla la extensión del Crédito con Aval del Estado y de los subsidios de arriendo, así como la postergación del pago de dividendos hipotecarios gracias a una garantía del Estado.
Adicionalmente, la principal propuesta del gobierno consiste en un crédito estatal con tasa de interés de 0% real, por un monto de hasta el 70% de la reducción en los ingresos de las familias, aunque con un tope de cuatro cuotas de $ 650 mil. Éste sería subsidiado en un 25% y el resto deberá ser devuelto en cuotas contingentes al ingreso luego de un año de gracia y en un plazo de cuatro años, luego de los cuales se condonará el saldo remanente. Se espera que el Ejecutivo anuncie nuevas medidas para afinar este plan.
En términos generales, la batería de medidas presentadas hasta ahora por el Ejecutivo constituye una base para la negociación que el Congreso debería abrirse a considerar, sin perjuicio de la disposición para introducir más beneficios o ampliar los que ya existen, atendida la magnitud de la crisis. Un diseño en esta línea -por la vía de subisidios y créditos blandos- permitiría apoyar de manera más eficiente a distintos segmentos de la clase media.
Con todo, un aspecto mejorable de esta propuesta es que, para darle mayor coherencia con el resto de las ayudas ya existentes y no terminar otorgando un beneficio regresivo, se añada un tope máximo a la condonación de deudas a hogares de ingresos más altos, de manera que éstos en ningún caso terminen recibiendo un subsidio mayor que el que se otorgue a los más vulnerables.
El Congreso está aún a tiempo de revertir un paso que dañaría profundamente la seguridad social al insistir con el retiro de fondos de pensiones, debiendo privilegiar las fórmulas que van en sintonía con los programas de ayuda de emergencia ya aprobados.
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