Mesura en actuaciones del gobierno

El clima de efervescencia que se ha apoderado del país en estas últimas seis semanas ha obligado a desplegar medidas legislativas sin precedentes y acuerdos políticos a gran escala que busquen aplacar la presión social. A su vez, la estabilidad misma del país se ha puesto en riesgo a raíz de la grave pérdida del orden público a lo largo del país -con escenas de vandalismo y saqueos sin control-, lo que también ha hecho urgente que tanto el gobierno como los partidos políticos den señales políticas de que no tolerarán que el quebrantamiento del estado de derecho continúe.

Ha sido con ese fin que se ha puesto en marcha una ambiciosa agenda social, no sin riesgos de que se despierten presiones populistas o se defrauden expectativas ciudadanas más allá de las posibilidades reales con que cuenta el Estado. Fruto de los acuerdos políticos se ha abierto también la ruta para que la ciudadanía se pronuncie sobre si quiere o no una nueva Constitución.

La crisis, sin embargo, está lejos de haber terminado, y por ello resulta desconcertante que en medio de ello el Ministerio de Economía haya decidido lanzar esta semana una "agenda antiabusos", todo ello en el marco de la agencia social. Los ejes que contempla son la protección y derechos del consumidor -donde se incluirán medidas contra el sobreendeudamiento, la disminución del costo de financiamiento y el proceso de postventa-; también contempla medidas contra la colusión, además de la reducción de privilegios, por ejemplo, recortando los salarios de las altas autoridades, entre otras materias.

Puesto que aún no se conoce el detalle de las medidas, no resulta posible evaluar su pertinencia, sin perjuicio de que algunos de los enunciados pueden ir en la dirección correcta. Pero cabe lamentar que dichas propuestas se engloben bajo la forma de "abuso" -sin hacer distingos de ninguna especie-, lo que contribuye a enervar aún más el ambiente, considerando que en el corazón de la protesta ha estado justamente el concepto de "abuso". La autoridad debe ser muy consciente sobre la necesidad de actuar responsablemente, cuidando desde luego la forma en que comunica sus programas y evitar fórmulas populistas para así granjearse el apoyo popular.

Al buscar identificar a determinados sectores con el "abuso", puede inducir a conductas como el no pago, la evasión o incluso las represalias, bajo el justificativo de que se trata de "abusadores". Ciertamente es deber de la autoridad promover aquellas legislaciones que corrijan situaciones indebidas en el mercado o perfeccionen un determinado marco legislativo, pero ello no autoriza a incurrir en generalizaciones inconvenientes ni pasar por alto las garantías que asegura el estado de derecho, como es recibir un trato justo e imparcial por parte de la autoridad.

El Ministerio de Economía debe concentrar ahora sus esfuerzos en reactivar la actividad -para lo cual es indispensable que dé señales en favor de restituir la inversión y la confianza-, empeñándose también en corregir las deficiencias de un Estado cada vez más grande, que a pesar de engullir muchos recursos, sigue causando fuertes insatisfacciones en los sectores más vulnerables.