SEÑOR DIRECTOR:
Las incomprensibles resoluciones que se dictaron en causas penales ligadas al siniestro Tren de Aragua, a saber, entregar la lista de testigos protegidos y permitir la visita de inmigrantes indocumentados al penal de alta seguridad, probablemente tengan su origen en el miedo.
En ese sentido, el crimen organizado representa una importante amenaza a la independencia judicial. Si un juez teme que su decisión significará una grave amenaza a su integridad o la de sus cercanos, difícilmente podrá resolver razonablemente en derecho, salvo que posea un carácter que le permita sobreponerse al temor.
Sin embargo, exigir valor ante el Tren de Aragua o similares es imponer un deber de virtud que está más allá de la legalidad. Por tanto, la pregunta es ¿cómo protegemos institucionalmente a nuestros jueces del miedo? Es momento de diseñar mecanismos legales que den seguridad para resguardar una jurisdicción independiente ante el crimen organizado o el terrorismo. Experiencias existen, como el caso de España, que creó un tribunal ad hoc para procesar los delitos terroristas de ETA. Cuidar a nuestros jueces es un deber con ellos y el Estado de derecho.
Juan Francisco Cruz Salas
Observatorio Judicial
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