Millonario crédito a TVN con aval del Estado

Fachada TVN


El gobierno ha decidido otorgar el aval del Estado a TVN para que pueda contratar deuda por $ 70 mil millones -unos US$ 90 millones-, lo cual según directivos de la estación le permitirá reprogramar sus pasivos actuales y "superar la apremiante situación financiera que arrastra desde 2014". Esta decisión parece haber contado con un amplio respaldo a nivel del directorio, donde parece haber optimismo frente al nuevo escenario que se dibuja.

No cabe duda que desde un punto de vista financiero aparece razonable que el canal estatal aproveche condiciones de mercado más favorables para lograr un mejor manejo de su deuda e incluso quedar con algo de capital de trabajo. Pero no cabe perder de vista que en la medida que es el Estado quien avala esta deuda significa que también está asumiendo riesgos con cargo a recursos de los contribuyentes.

TVN ya cuenta con fondos aprobados por unos US$ 47 millones para capitalización, recursos que por lo visto se están haciendo insuficientes para estabilizar al canal. Aun cuando la administración de TVN ha emprendido en el último tiempo una serie de reestructuraciones y logró algunos aciertos programáticos, el canal aún arrastra pérdidas -a septiembre pasado anotaba $ 8.300 millones-, sin perjuicio de que ha logrado atenuarlas. Pese a ello, es improbable que hubiese logrado acceso al crédito -o cuando menos lograrlo en condiciones ventajosas- sin mediar el respaldo del Estado, lo que es sintomático de los problemas que aquejan al canal.

Por largo tiempo se ha postergado una definición más estratégica de TVN, tal que permita definir cuál es el sentido de que el Estado tenga un canal de televisión que además debe financiarlo producto de sus pérdidas. Los cuantiosos fondos públicos que se han comprometido han sido justificados sobre la base de que se trata del único canal público, cuyo rol sería por tanto especial y no sustituible; en los hechos, sin embargo, la señal ha funcionado con lógicas de programación comercial, al igual que el resto de los canales privados. Ello implica que las estaciones privadas deben competir con un actor subsidiado por el Estado, donde las responsabilidades por pérdidas o mala gestión están completamente diluidas producto de los cuoteos políticos o de las presiones de los sindicatos.

No cabe que el Estado continúe transfiriendo fondos a una empresa de su propiedad sin que se defina bien cuál será su rol y para qué se requieren dichos recursos. Es un sinsentido que además se busque crear una "señal cultural" cuando TVN debería ser por esencia un canal orientado a fines culturales y de vocación propiamente pública. El país carece de un modelo bien definido de televisión pública, un paso indispensable para orientar bien el uso de los recursos. De momento ni los resultados financieros ni los objetivos programáticos parecen justificar que el Estado desembolse tal cantidad de recursos, existiendo otras necesidades apremiantes en el país que también compiten por recursos cada vez más escasos.

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