Ministerio de Seguridad Pública



Por Guillermo Piedrabuena, ex fiscal nacional del Ministerio Público

Hemos tomado conocimiento de que el actual gobierno habría presentado a los congresistas de la comisión bicameral de Seguridad un nuevo proyecto que crea un Ministerio de Seguridad, que tendría el control de las policías, la prevención del delito y el orden público.

Las materias mencionadas se encuentran actualmente, en su gran mayoría, en las leyes que establecen las atribuciones del Ministerio del Interior. La doctrina y algunos políticos han propuesto separar estas funciones para entregarlas exclusivamente a un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Esta iniciativa tiene cierta antigüedad porque fue propuesta por el Ministerio Público en las cuentas públicas de este fiscal nacional de los años 2004, 2006 y 2007, apoyando varias iniciativas parlamentarias y del gobierno de esa época (ver libro sobre “Memorias del Primer Fiscal Nacional”, págs. 244, 345 y 381).

En las cuentas públicas que se entregaron durante mis periodos de fiscal nacional se insistió en el apoyo a esta iniciativa, expresándose entre otros conceptos lo siguiente: “En cuanto a la seguridad pública, reiteramos que nuestra institución no podía aislarse de la realidad del país y que estaba participando activamente en distintos frentes relacionados con el tema de la seguridad pública y la prevención del delito y que teníamos el más vivo interés en que se activara la creación del Ministerio de Seguridad Pública, con el cual colaboraríamos decididamente”.

Desgraciadamente hubo cierta oposición a esta iniciativa en el Ministerio del Interior de esa época que no aceptaba que se le restaran atribuciones en materia de seguridad pública, circunstancia que paralizó la iniciativa parlamentaria y la proposición de varios juristas que estimaban que lo más viable era separar las funciones políticas de este Ministerio con las que le corresponderían, con absoluta exclusividad, al nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Es urgente volver a discutir esta valiosa iniciativa en el Congreso Nacional, considerando que el fenómeno delictual ha tenido un claro crecimiento en el país en estos últimos años.

De otra parte, por la importancia de la materia, las atribuciones sobre la seguridad pública no pueden estar entregadas a un subsecretario, y que se requiere, para su eficacia, que ellas sean ejercidas por instituciones del más alto nivel, como son los ministros de Estado. El tema de la seguridad pública entregado a un subsecretario no corresponde a la importancia y urgencia que demanda legislar sobre el problema de la delincuencia.

Por consiguiente, todo indica que debe iniciarse una discusión constitucional al más alto nivel jurídico y político para resolver este tema que viene dando vuelta desde hace un buen número de años y que debe solucionarse a la brevedad posible considerando los graves problemas de seguridad que afectan a nuestra sociedad.

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