Modernización del CDE

SEÑOR DIRECTOR

Como presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) (2017-2020) colaboré estrechamente con el Ministerio de Justicia en la elaboración del proyecto de ley que moderniza el organismo. A lo largo de ese proceso, manifestamos nuestra posición, perspectivas y necesidades.

En tales condiciones, creo necesario precisar que en ocasiones en que se cuestionan políticamente las decisiones y actuaciones judiciales del Servicio se denota un grave desconocimiento de sus procedimientos internos e, incluso, de sus funciones y atribuciones legales. Es lo que hace una columna publicada en La Tercera, que ha pretendido poner en entredicho su autonomía e independencia en relación con algunas de sus decisiones en materia penal.

Ello, porque la ley orgánica del CDE determina el ámbito de su competencia penal y asegura su objetividad al exigir decisiones colegiadas, en donde el criterio que rige es la existencia de perjuicio fiscal o la participación de funcionarios públicos en los delitos que puedan configurarse, entre ellos, los delitos de corrupción.

Es importante dar a conocer -dado lo señalado en dicha columna- que las intervenciones del CDE en materia penal han recaído en personas de diversos sectores políticos, sin ninguna preeminencia de uno sobre otro, en virtud de decisiones adoptadas normalmente por unanimidad, o por una amplia mayoría. Por lo demás, es al Ministerio Público a quien corresponde exclusivamente dirigir la persecución penal, en tanto que al CDE solo le compete intervenir como querellante según su legitimación legal, lo que ha cumplido a cabalidad.

Como lo sostuve en mi última cuenta pública, la labor del CDE pone de manifiesto su autonomía y prescindencia política y la relevancia que tiene para el país contar con una institución de defensa judicial independiente, valorada por su alta especialización jurídica y por su respeto irrestricto a la legalidad vigente.

María Eugenia Manaud Tapia

Ex presidenta del CDE