Modernización en nombramiento de jueces

La frustrada nominación de la ministra Dobra Lusic para formar parte de la Corte Suprema ha dejado valiosas lecciones sobre la necesidad de actualizar los procesos de nominación de jueces del máximo tribunal, de modo de introducir mayores criterios de transparencia y objetividad frente a la opinión pública. Y si bien en la designación de los ministros de la Corte Suprema es positiva la concurrencia de los tres poderes del Estado, es importante atender a los méritos de quien se nomine y a una rigurosa evaluación de antecedentes, en una relación de colaboración y comunicación para evitar bochornos como el recientemente ocurrido.

El principal problema no parece estar en la forma en que hoy se designan los altos magistrados, sino en que parecieran primar las negociaciones políticas por sobre cualquier otra consideración, lo que injustamente empaña la imagen de quienes postulan a estos cargos. Por ello resulta valioso que el Ministerio de Justicia haya decidido postular a la ministra María Angélica Repetto -quien formaba parte de la quina que presentó la Corte Suprema-, sin sostener negociaciones previas con los partidos. Esto ha desatado la molestia en algunas fuerzas políticas, pero a su vez abre espacio para que en la audiencia frente al Senado se verifique un auténtico examen de antecedentes, abriendo más posibilidades para que se alcance un consenso en torno a alguien que en virtud de sus méritos logre sortear un escrutinio público.

En la designación de los demás magistrados del país es relevante que también prime el carácter técnico, y se pueda despejar cualquier sombra de duda respecto de los motivos que inspiran la inclusión en la confección de las listas y finalmente la designación de los jueces. Es por ello que resulta acertado que el gobierno -luego del funcionamiento de una mesa técnica durante 2018-, en las propuestas que analiza para reformar el sistema -en lo referido a jueces de primera instancia y ministros de cortes de apelaciones-, incluya un Consejo Nacional de Nombramientos. La entidad, con una composición de instancias que exceden la meramente judicial, al incorporar la académica y la Alta Dirección Pública, así como el establecimiento de la prohibición de audiencias privadas por parte de los ministros de los tribunales superiores con quienes postulan a los cargos -con sanciones por su contravención tanto al ministro como al postulante-, contribuyen a dar mayor transparencia y terminar con los consabidos "besamanos".

Son pasos necesarios que se suman a las propias reacciones de la Corte Suprema con las medidas de probidad anunciadas por su presidente, y que tienen por objeto reforzar la confianza y credibilidad ciudadana en el Poder Judicial y la propia de quienes desarrollan la carrera judicial, todo lo cual resulta bienvenido en un contexto caracterizado por una fuerte desconfianza hacia las instituciones.