Modernizar el Estado ¿garantía constitucional?

Por Gonzalo García Cañete, Investigador Fundación P!ensa

Nadie ha quedado indiferente al modo en que nuestras vidas han cambiado por el Covid-19. La rápida adaptación al teletrabajo y la forma de movernos son solo algunos ejemplos de los múltiples desafíos que se nos presentaron como una nueva “forma de vida”.

Sin embargo, estos cambios se extienden más allá de las personas. Quizás la muestra más tangible de esto es el sufrido por todo el sistema educacional, en donde colegios, jardines infantiles y universidades bajaron la cortina presencial para subir la virtual, con todo lo que eso ha significado.

Así las cosas, el Estado también ha debido adaptarse a este nuevo escenario. ¿Lo ha logrado? Parece ser que no tan bien. Las discusiones sobre el retiro de los 10%, los bonos mal entregados y la falta de datos para saber quién es un correcto beneficiario de la ayuda estatal, son solo algunas muestras claras del problema. Incluso algunas autoridades de gobierno han afirmado que han llegado tarde, refiriéndose a la baja capacidad de entregar ayuda a tiempo, tanto a las personas como a las pymes afectadas por la pandemia.

Entonces, ad portas de iniciar la conversación constitucional, sería bueno preguntarse cómo la nueva Constitución podría garantizar que el Estado llegue a tiempo cuando las personas lo necesiten -y de paso, a quienes realmente lo necesiten-.

Podría ser que el Estado se modernice y deje atrás esa cultura noventera en donde la atención parece ser más un juego de quien “pimponea” más. ¿Será posible garantizar constitucionalmente la modernización del Estado?

Pretendiendo mover la barrera de lo posible, tal vez, podría haber una garantía constitucional el acceso a los datos del Estado, con claros criterios de uso y desuso. Con el objeto de permitir una interacción público-privada y social que logre generar bien público por medio del análisis de estos de manera colaborativa. De esta forma, se podría levantar información rápida y oportuna para que el Estado pueda llegar a tiempo cuando las personas lo necesiten, no solo a nivel de gobiernos centrales, sino que también en gobiernos locales. Si bien no es lo único que moderniza al Estado, hoy es condición necesaria para lograrlo.

Imaginemos esto: usted ingresa a una página web del Estado con su clave única y puede hacer todos los trámites que necesite en un solo portal, desde postular al subsidio a la vivienda hasta ingresar a un nuevo miembro de la familia a Fonasa.

No debemos mirar esas acciones como una utopía tecnológica. Es posible estar a ese nivel. Es más, el Estado tiene la obligación de poner al servicio de las personas todas las herramientas disponibles para llegar a quienes más lo necesitan. Quizás el proceso constituyente sea una buena instancia para repensar estos asuntos y lograr un equilibro tan necesario hoy en día: el de ser un país no solo desarrollado económicamente, sino que también socialmente.