SEÑOR DIRECTOR
Hasta hace unas semanas, el impacto de las plataformas de redes sociales en materia de derechos fundamentales era una cuestión poco debatida; bastó que uno de los hombres más poderosos del Mundo se viera afectado por ellas para que se convierta en vedette.
Para muchos, es un atentado a la libertad de expresión o derecho de comunicar libremente, de manera directa o a través de cualquier medio de difusión, las ideas y opiniones, pues Internet y las redes sociales pretenden democratizar la información y masificar el ejercicio de esta garantía; cosa que no ha ocurrido con Trump, lo que implicará interpretar la Constitución y resolver si su derecho ha sido efectivamente conculcado.
Lo importante de esto es que abre una conversación más seria y mucho más necesaria, pues el uso de estas plataformas ha validado prácticas como difusión de información falsa o errónea, conductas desleales o abusos, censura previa de contenidos, e incluso publicación de contenidos ilegales; todas las cuales socavan el derecho fundamental a información de cada ciudadano, y por ende a su participación en el debate público, la que aparece manejada de manera crucial por grandes plataformas, a través del control del discurso digital en las redes que albergan.
Como se puede observar, el problema es mucho más que la libertad de expresión de un ciudadano, sino de un ecosistema informativo erosionado y nuestros derechos amenazados.
Patricia Reyes Olmedo
Vicepresidenta Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías
Profesora U. de Valparaíso
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