Municipalidades: la confianza que nos queda

José Hernández Bonivento es director del Instituto Chileno de Estudios Municipales

Universidad Autónoma de Chile

Chile ha sido testigo en los últimos tiempos de una dramática caída de los niveles de confianza ciudadana en las instituciones. Sea por casos de corrupción, de abuso de poder, de rencillas entre actores políticos, o por la creciente percepción de ineficiencia, las críticas al funcionamiento institucional se han convertido en tema de cada día, algo muy desalentador en un contexto donde, como nunca, el apoyo estatal se muestra fundamental.

Aun así, existe una institución que parece mantener la confianza de la gente: las municipalidades. Dada su cercanía con la comunidad y su papel de articulador y ejecutor de acciones sociales en el territorio, las administraciones locales han mostrado un creciente protagonismo en la esfera nacional, convirtiéndose a su vez en un impulso para la tan necesitada descentralización del país.

Es más, según el reciente informe de la OCDE “Impacto territorial de la Covid-19: gestionar la crisis en todos los niveles de gobierno”, la coordinación entre todos los niveles de gobierno será un punto central tanto en la atención como en la recuperación post pandemia. En esa vía, por lo menos, el gobierno nacional ha empezado a dar buenas señales, con los tan necesitados fondos de apoyo al desarrollo territorial que se han traspasado a las municipalidades en los últimos días.

Sin embargo, después de años de centralismo, la histórica debilidad de las municipalidades las hace vulnerables ante malas prácticas administrativas y a la corrupción, como lo mencionó hace algunos años el llamado Informe Engel. Además, son evidentes las debilidades en los procesos de fiscalización de los niveles regionales y municipales, como bien lo mencionó hace poco el Contralor General en un seminario virtual.

En una sociedad compleja como la nuestra, tanto la ausencia como el exceso de confianza en las instituciones son indeseables: la primera, porque dificulta la acción estatal y deteriora los liderazgos; la segunda, porque desmotiva la fiscalización institucional y social. Existe, sin embargo, un punto intermedio, donde más que confiar ciegamente en las instituciones, se deben establecer medidas de verificación constante ante los entes de control y ante la ciudadanía.

Sin duda, este es el momento para que las municipalidades muestren todo su potencial y honren la confianza puesta en ellas, a través de prácticas transparentes, abiertas y que involucren a la ciudadanía en la larga recuperación que nos espera. De lo contrario, además de desaprovechar una oportunidad como ninguna hasta ahora, sería derrumbar la poca confianza que nos queda en nuestras instituciones.