Necesidad de robustecer la institucionalidad ambiental para enfrentar la pandemia



Por Rodolfo Lacy, director de Medio Ambiente OCDE

Cuando se cumplen diez años de su incorporación formal a la OCDE, Chile es un claro referente de liderazgo en la agenda ambiental internacional. La creación del marco institucional para atender los asuntos ambientales realizada en 2010 no fue un paso menor en su ingreso a una organización que ahora agrupa a 37 de las economías más pujantes del Planeta. Era una condición sine qua non para asegurar la aplicación de políticas y directrices que son fundamentales en los países que pertenecen a la OCDE, como el principio de que “quien contamina paga”. El objetivo de esa primera fase de su reforma estructural, al crear el Ministerio del Medio Ambiente, era muy claro: lograr que el crecimiento económico no tuviera lugar a costa de la degradación del entorno, la destrucción de los ecosistemas y la salud de los habitantes.

Los indicadores de desempeño ambiental de Chile en la OCDE hoy son favorables, con una tendencia progresiva sostenida; sus retos ahora están centrados en mejorar la calidad del aire, lograr una economía circular en sectores que tienen un uso intensivo de recursos naturales y alcanzar un manejo integral de la biodiversidad, como fue recomendado por la OCDE en su última evaluación.

Estos desafíos, coincidentemente, son claves para afrontar futuras pandemias y eventos ambientales extremos, ya que la contaminación atmosférica y la pérdida de biodiversidad acentúan la vulnerabilidad de la población a enfermedades infecciosas, principalmente si éstas son pulmonares y son derivadas de zoonosis. Además, la crisis actual evidenció que la circularidad en el manejo de recursos naturales incrementa la seguridad de las cadenas de abasto de bienes y servicios globalizados, pues cuando éstas están integradas es posible reorganizar rápida y efectivamente sus medidas sanitarias, mientras que, en las relaciones comerciales lineales, la única opción es la interrupción súbita del abasto ante el riesgo de salud.

En los inicios de la pandemia que ahora tiene bajo confinamiento a miles de millones de personas, la biodiversidad estuvo en el centro de las discusiones al atribuirsele su origen a especies animales silvestres. Los científicos aclararon que el tráfico ilegal de especies y la destrucción de los ecosistemas naturales ha incrementado sensiblemente la probabilidad de que agentes patógenos se transmitan a los humanos por un contacto indebido con animales silvestres.

Es por esto que, en materia de biodiversidad, Chile debe completar las reformas estructurales que se previeron ante su ingreso a la OCDE, como lo es la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Un marco institucional robusto en la materia dará la seguridad legal y administrativa para mayores inversiones y beneficios en sectores de la economía golpeados dramáticamente por la pandemia, en especial el turismo y los sistemas de producción alimentaria y forestal. Con la misma visión de largo plazo y liderazgo que Chile dio a su nuevo y ambicioso compromiso climático (NDC) para alcanzar la neutralidad de carbono antes del año 2050, que puede representar inversiones cercanas a 38 mil millones de dólares, es posible lograr una agenda nacional chilena altamente productiva y sostenible en materia de biodiversidad.

Existen grandes oportunidades de financiamiento en biodiversidad para Chile. La OCDE ha estimado recientemente que la inversión mundial en biodiversidad asciende a 96 mil millones de dólares anualmente y que esta inversión empieza a ligarse más a la agenda climática a través del mercado emergente de bonos de carbono, la adaptación basada en la naturaleza, la preferencia del consumidor de productos orgánicos y provenientes de prácticas respetuosas con el medio ambiente, entre otras nuevas oportunidades de negocios verdes.

La OCDE a su vez ha visualizado que la pandemia del coronavirus también pone en riesgo los objetivos ambientales globales y nacionales, ante la urgencia económica de reactivar las actividades productivas. Recomendamos que los paquetes de estímulos económicos que están implementando los gobiernos, no den marcha atrás a sus avances en materia ambiental y que, por el contrario, aseguren de manera sistemática un mejoramiento de los niveles de salud ambiental, con el fin de reforzar la resiliencia de las sociedades ante este tipo de fenómenos.

Una de las lecciones que nos dejó la crisis financiera global del año 2008 en la gestión ambiental es que deben existir paquetes verdes de estímulo a la economía que deben estar anclados a programas o proyectos sectoriales existentes, para asegurar una efectiva creación rápida de empleos y riqueza. Lo que sumado a una robusta institucionalidad ambiental, marca el camino para una recuperación sólida y sustentable: Chile debe ubicarse claramente en esta línea.

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