Negativas señales para la educación pública

PSU



Los recientes resultados de la accidentada PSU trajeron nuevos antecedentes que generan preocupación por el estado de la educación pública en el país. Si bien no es sorpresa que entre los 50 colegios con mejor desempeño de cada año, la mayoría sean particulares y en el último proceso sólo haya dos municipales, lo que sí salta a la vista es el retroceso que vienen experimentando liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, otrora referentes para este sector.

En ese sentido, es plausible suponer que la violencia y paralización recurrente de clases están teniendo negativas consecuencias sobre el desempeño y aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, también podrían estar incidiendo la excesiva politización y el escaso aprecio por el mérito académico que se ha extendido en los últimos años; los liceos Bicentenario, que han exhibido buenos resultados y logran posiciones de liderazgo en sus respectivas regiones, demuestran sin embargo con hechos concretos las ventajas de proyectos educativos que ponen el acento en la cultura de la excelencia.

Por su parte, el sabotaje a la PSU podría haber jugado un rol también, en la medida que parece haber perjudicado en mayor medida a los alumnos de liceos públicos. La razón de ello es que fue en éstos donde se registra la mayor caída en la tasa de rendición en comparación con los años anteriores. En cuanto a la suspensión definitiva de la prueba de Historia, si bien no es posible distinguir las consecuencias de ello, el que la fórmula que eligió el Consejo de Rectores para sustituir su puntaje llevara a un aumento en el promedio, podría ser un indicio de que su efecto no fue neutral, sino que podría haber favorecido a unos en desmedro de otros.

De esta forma, las noticias y acontecimientos del último tiempo, en vez de traer algo de optimismo, lo que han ido haciendo es ratificar una preocupación respecto al futuro de la educación pública. Así también parecen percibirlo las propias familias, que muestran una cada vez menor preferencia por este tipo de establecimiento, tal como muestra la menor prioridad que le asignan en el nuevo sistema centralizado de postulación escolar.

En ese contexto, una de las reformas en las cuales el gobierno anterior puso especial énfasis fue la desmunicipalización, proceso que se inició en 2018 y que crea una nueva institucionalidad a cargo de la educación pública. A la fecha solo se ha traspasado el 8% de la matrícula municipal; sin embargo, tal como establece la ley aprobada en 2017, en los próximos años el ritmo del traspaso -así como los desafíos que ello implica- irá en aumento. Si bien este proceso se exhibe como una oportunidad, el hecho de que no haya estado exento de imprevistos, así como la crisis por la que atraviesan los establecimientos emblemáticos -y que se ratifica con la PSU-, pone de manifiesto el importante desafío que se presenta por delante y llama a la cautela. Pues por sí solo un cambio institucional no rescatará a la educación pública, en tanto no se aborden los problemas que la vienen inquietando en el último tiempo.


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