Ni Estado ni mercado

La Asociación Chilena de Seguridad (AChS) es una corporación privada sin fines de lucro fundada en 1958. De carácter mutual, su directorio está compuesto en partes iguales por representantes de las 75 mil empresas afiliadas y de sus 2,6 millones de trabajadores. Su rol es la prevención y el tratamiento de accidentes laborales, para lo que cuenta con una extensa red de asesoría y salud a lo largo del país. Esto la convierte en uno de los ejemplos más importantes de sociedad civil en Chile, junto a instituciones como Teletón, Bomberos o Coaniquem.

Uno de los problemas de esta institución es que sus funciones principales se encuentran en tensión: mientras más eficientes sean en prevenir accidentes laborales, menos uso tendrán sus instalaciones médicas. Y, dado que la tasa de accidentabilidad laboral se redujo un 50% entre sus afiliados entre el 2011 y el 2018, llegando a un histórico 2,74%, la asociación se ha encontrado en el feliz aprieto de tener parte de su capacidad instalada -que incluye a muchos de los mejores especialistas médicos en distintas áreas- en situación ociosa.

Esta capacidad instalada fue puesta a disposición del Estado, mediante un plan piloto, entre el año 2018 y 2019. Dicha colaboración público-privada terminó con 3.000 soluciones quirúrgicas para pacientes que llevaban años en lista de espera, lograda con costos operativos similares a los de cualquier hospital del Estado. Y, a su vez, dicho éxito llevó a la AChS a proponerle a Fonasa un programa conjunto mediante el cual podrían ser realizadas 30 mil operaciones no GES al año, lo que tendría un costo de un 0,5% del presupuesto de salud y un precio por intervención equivalente al estatal. Sin embargo, por urgente y razonable que esto pueda sonar, dicha oferta ha sido recibida con más suspicacia que alegría por muchos de los representantes del mundo de la salud, incluyendo al actual ministro, Jaime Mañalich.

¿Cómo puede explicarse esta respuesta? En lo principal, debido a un serio problema a nivel de nuestras formas institucionales y nuestra imaginación institucional. Estamos convencidos de que todo lo público es estatal y de que todo lo privado se rige por las lógicas de mercado. Es decir, que sólo hay dos tipos de institución, que además se ven enfrentadas en una disputa de suma cero por los recursos disponibles. De ahí que, en buena medida, nuestro debate público se reduzca a un diálogo de sordos entre acomodados fanáticos del Estado y acomodados fanáticos del mercado a los que no les importan realmente los efectos prácticos de sus opciones ideológicas, especialmente porque ni la mayoría de ellos ni sus seres queridos se verán expuestos a esas consecuencias.

Así, llegamos a la situación absurda en que -en medio del mayor estallido social de la historia chilena- solucionar un problema gravísimo para miles de familias se encuentra al alcance de la mano, pero no podemos acceder a esa opción porque resulta incomprensible para nuestra forma de imaginar el orden de las cosas. ¿Qué podemos esperar entonces para el proceso constitucional que se aproxima? ¿Seguiremos negándonos a reconocer el valor de la sociedad civil? ¿Tiene sentido asumir que pensando nuestras instituciones de la misma forma que hasta ahora llegaremos a resultados diferentes?